Prisiones quiere «regular» en la ley orgánica el artículo 100.2, que permitió a Oriol Pujol salir de la cárcel

Apuesta por «adaptar» la nueva regulación de la prisión permanente revisable y por reconocer a los funcionarios como agentes de autoridad

El director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha apostado este martes por acometer una reforma de la Ley Orgánica 1/1979 tras 40 años de vigencia para regular aspectos como la aplicación de la prisión permanente revisable o la concesión por parte de la administración del régimen flexible en base al artículo 100.2, el mismo que permitió a Oriol Pujol salir de la cárcel tras rechazarse su clasificación en tercer grado.

La propuesta la ha lanzado el director de Prisiones en la entrega anual de medallas al mérito penitenciario, un acto que se ha celebrado bajo la presidencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que ha contado con una sonora protesta de funcionarios de prisiones en el exterior del Ministerio de Sanidad, lugar que acoge habitualmente este acto.

En su intervención, Ángel Luis Ortiz ha dicho, sin citar ningún caso en concreto, que su intención es «regular con rango legal» el actual artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, «precisando los trámites y la intervención que en estos casos tiene que tener el órgano directivo».

La aplicación de este artículo ha sido objeto de polémica por casos mediáticos como el de Oriol Pujol. La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 de Barcelona aprobó el acuerdo de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), permitiendo que el exdiputado de CiU en el Parlament, condenado a dos años y medio de prisión por el caso ITV, pudiera salir diariamente a trabajar y ejercer un voluntariado social, pese a no tener el tercer grado.

Según informó en julio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la resolución desestimaba el recurso de la Fiscalía –que veía «un tercer grado encubierto»–, y confirmaba la flexibilización del sistema de clasificación aprobado por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, en base al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Los servicios penitenciarios catalanes –con competencias transferidas en esta materia– aplicaron el artículo 100.2 del reglamento, lo que permitió al hijo del expresidente Jordi Pujol salir a diario de la cárcel para trabajar y realizar tareas de voluntariado social. Este artículo también fue analizado en otro caso polémico, el de Iñaki Urdangarin, aunque en este caso el juez autorizó la salida de prisión en base al artículo 117 del Régimen Penitenciario.

En su intervención, el director general de Instituciones Penitenciarias se ha centrado en repasar los aspectos de la ley orgánica que, a su entender, habría que modificar tras «40 años de cambios profundos» sin que «apenas afectara a la propia ley». «Aunque ello ponga de manifiesto su sólida implantación y vocación de permanencia, creo que ha llegado el momento de acometer su reforma para adaptarla a la nueva realidad penal y penitenciaria que vive nuestro país», ha añadido.

Ángel Luis Ortiz ha apostado, en primer lugar, por «adaptar ese texto a las modificaciones del Código Penal que afectan a las excepciones del régimen general de cumplimiento, la nueva regulación de la prisión permanente revisable y la libertad condicional». En su opinión, hay que introducir un apartado en el que se regulen las penas no privativas de libertad, «incluida la utilización de medios telemáticos» y recoger «el catálogo de faltas disciplinarias y de sanciones».

AGENTES DE AUTORIDAD Y UN SÓLO ÓRGANO JUDICIAL

Para el director del organismo dependiente del Ministerio del Interior, la nueva ley también tiene que «definir qué profesionales aparte de los ya existentes deben formar parte de la institución», además de «actualizar» las leyes que regulan los cuerpos penitenciarios y, según ha dicho, «por supuesto reconocerles la condición de agentes de la autoridad».

Por último, ha señalado que para él sería «conveniente» aprovechar esa reforma para incluir los aspectos procesales que afectan a la ejecución penal y evaluar la conveniencia de crear un solo órgano judicial de ejecución que unifique las competencias que hoy tienen el juzgado de vigilancia penitenciaria y los tribunales sentenciadores.

En su intervención, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que «antes de que finalice el año» estará en marcha un programa de «justicia restaurativa» en la que se celebren cara a cara entre víctimas y victimarios, excluyendo del programa –que se iniciará en centros del sur de España– a presos con delitos graves como violencia de género o agresiones sexuales.

Marlaska también ha alertado sobre la «época compleja» en la que se abren paso las «fake news», ya que, en su opinión, a menudo «se deforma la realidad de las prisiones con un agravio añadido para las víctimas».