Presidente canario admite que a medida que se conocen informes de la UCO sobre el caso Koldo , se va «preocupando más»

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes que a medida que se conoce la información de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo , se van «preocupando más» porque «se contradice con las versiones dadas, tanto públicamente como en sede parlamentaria».

Clavijo ha hecho alusión así a los últimos informes de la UCO, publicados por Canarias 7 y recogidos por Europa Press, en los que acreditan que el ahora ministro Ángel Víctor Torres y su jefe de gabinete Antonio Olivera recibieron llamadas e intercambiaron mensajes con Koldo García e Ignacio Díaz Tapia durante su etapa al frente del Ejecutivo canario y en el transcurso de la pandemia del Covid-19. Hechos que hasta ahora, tanto Torres como Olivera, habían negado.

En este sentido, Clavijo consideró, en declaraciones a los periodistas tras un acto público, que sería necesaria «una explicación plausible y la sumisión de responsabilidades políticas».

Al ser cuestionado sobre la querella que el PP ha anunciado que va a presentar contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, señaló que «cada partido es, en este caso, soberano» y si consideran que hay delito, «están en su perfecto derecho de acudir a los tribunales».

De todos modos, Clavijo matizó que para él existen dos tipos de responsabilidades, las políticas y las judiciales, puntualizando que las judiciales las tienen que determinar los juzgados, y ahí afirmó que «siempre» han sido «tremendamente respetuosos». Y las responsabilidades políticas, dijo, «son otra cosa».

En el caso Koldo , de todas formas, manifestó que «es evidente que ha habido una trama, es evidente que se adjudicaron a dedo, en un momento muy complicado para Canarias, cantidades millonarias, y que las versiones dadas hasta este momento se han contradecido» con el informe de la UCO.

Por ello, abogó por «depurar responsabilidades» políticas pero, «sobre todo, aclararlo» porque indicó que la ciudadanía tiene «derecho a saber qué ocurrió con su dinero» en un momento donde la población era muy vulnerable.

«El miedo, el confinamiento, las restricciones a la movilidad, todo eso, y el triste saldo de fallecidos que tuvo la pandemia, pues, bueno, parece que fue utilizado para hacer negocios por algunos desalmados», apostilló.

Admite que lo que más le ha sorprendido hasta ahora de los informes de la UCO, es el hecho de que «se negaron que se tuviesen reuniones y que se negase que había habido contactos telefónicos», ya que la información de la UCO «no solo evidencia que ha habido WhatsApp, que había habido reuniones, sino que además había habido mediaciones, en este caso, para poner en contacto a las empresas de la trama, con las instituciones públicas canarias, gracias a los efectos de que prosperasen contratos»; o el justificar por qué un laboratorio tiene en exclusiva esos test PCR para que la gente pudiese viajar.

Añadió que son cuestiones que «no se explicaron en su momento, que se negó cualquier relación, y que el informe de la UCO evidencia que sí hubo relaciones, que sí hubo reuniones, que sí hubo llamadas, que sí hubo mensajes», por lo que manifestó que es algo que genera «mucha desconfianza».

Por último, preguntado por si debería haber dimisiones, dijo «no» saber, ya que cada uno tiene que asumir las responsabilidades políticas. En este sentido, mostró «respeto absoluto» a la ley y a los juzgados para que se investigue y que «tenga que llegar a donde tenga que llegar»; mientras que en la parte política se ha visto como «han faltado explicaciones y las pocas explicaciones que se dieron, el resultado es que son mentiras», por lo que consideró que «alguien tendrá que dar la cara».