Presidenta de Navarra afirma que cuando Ayerdi «reciba una notificación expresa» del Supremo «dejará de ser consejero»

PAMPLONA, 26

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este martes en el Parlamento, a donde ha sido llamada por Navarra Suma para hablar de la situación del consejero Manu Ayerdi tras el auto del Tribunal Supremo sobre los préstamos a Davalor, que cuando «el señor Ayerdi reciba una notificación expresa dejará de ser consejero» y ha añadido que «desde la perspectiva política no corresponde a este Gobierno la responsabilidad de esta gestión y tampoco nos corresponde, sino a los jueces, calificar o no si ha habido o no delito».

Chivite ha respondido así a la situación en que se encuentra Ayerdi después de que el Tribunal Supremo haya abierto diligencias para investigar al consejero por el caso Davalor. Tras recordar lo que recoge el artículo 68 de la ley de Gobierno en referencia a la dimisión de un cargo público, ha comentado la presidenta que «no podemos obviar que se trata de un artículo que forma parte del Derecho Administrativo foral y no del Derecho Penal».

Así, ha manifestado que «en el momento en el que el señor Ayerdi reciba la comunicación y sea fehaciente su situación en el marco del procedimiento en torno a Davalor dejará de ser consejero como él ya mismo comunicó por escrito». «Y es cuestión de días que llegue ese momento», ha agregado.

Chivite ha comentado, en su intervención, que «hay interpretaciones al respecto, la que hace usted -Javier Esparza- o la que hacen los servicios jurídicos del Gobierno respecto al contenido del último auto del Tribunal Supremo».

Y ha afirmado la presidenta que «el artículo 68 despliega sus efectos, como no puede ser de otra manera en Derecho Administrativo, en el momento en el que la persona recibe la comunicación fehaciente, la notificación». «Más allá de debates, la condición de investigado se activa a efectos de la ley en vigor en Navarra cuando el querellado recibe la comunicación. Ese el momento que marca la ley para cesar en el cargo, en principio de manera voluntaria como él ha comunicado», ha dicho.

Chivite ha defendido que «en los procedimientos administrativos debemos ser muy rigurosos tanto en el fondo como en la forma porque las prisas no son buenas compañeras». «En el ámbito penal, hemos conocido hasta la fecha dos pronunciamientos del TS, uno en diciembre», ha expuesto, para comentar que en enero ha habido otro auto, «y según nuestro director general, consultados los servicios jurídicos del Gobierno, desplegará sus efectos cuando sea comunicado al señor Ayerdi». «Por lo tanto, ese debate no afecta en términos de aplicación de la ley», ha manifestado.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha hablado «del derecho a la presunción de inocencia de Ayerdi», pero ha añadido que hasta ahora lo que dicen cinco magistrados del TS es que «hay indicios de criminalidad en la actuación de Ayerdi». «Aquí nadie está judicializando la política», ha manifestado, para agregar que «nos parece gravísima la situación de Ayerdi». «Está investigado por presuntos delitos de corrupción y usted -Chivite- ha tomado la decisión de mantener Ayerdi sin informes jurídicos que lo avalen», ha manifestado.

Según ha dicho Esparza, «por mucho que usted le deba a Geroa Bai y al PNV, el cumplimiento de la ley y la defensa de los intereses de los navarros está por encima de los intereses partidistas». «Usted está asumiendo una gran responsabilidad en este caso», ha expuesto, para añadir que «es el primer consejero del Gobierno de Navarra al que investiga el TS por presuntos delitos de corrupción».

Ha comentado que «la pasada legislatura se aprobó la modificación de la ley del Gobierno para incorporar el artículo 68 y ahora como el afectado no es de UPN, ni de Cs ni del PP ¿ahora dicen que es excesiva?». «Usted, presidenta, sabe que en la persona de Ayerdi concurre la cualidad de investigado, debe cumplir la ley y debe cesarlo de manera inmediata», ha dicho, para agregar que «cualquier ciudadano ha podido interponer una querella de prevaricación y no se si es consciente, señora presidenta, del altísimo riesgo que asume de convertirse en la primera presidenta de Navarra imputada por prevaricación».

La presidenta Chivite ha respondido al portavoz de Navarra Suma que entiende sus «anhelos» por «conseguir la Presidencia del Gobierno de Navarra pero no será porque yo no haga un estricto cumplimiento de la ley». «Usted acusa al consejero Ayerdi de corrupción y yo no seré tan osada para pronunciarme de cuestiones que corresponden al ámbito judicial», ha indicado y ha insistido en que «este Gobierno se atendrá al estricto cumplimiento de la ley basada en los informes jurídicos del propio Gobierno».

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha indicado que «no vamos a pasar por que se cuestione por el líder del mayor grupo de la oposición a los servicios jurídicos del Gobierno». «¿Dice que los informes jurídicos del Gobierno solo son validos cuando gobierna UPN?», ha afirmado, para añadir que «no estamos en el momento procesal de aplicar el artículo 68 y ha dicho la presidenta y el propio consejero ha dicho que cuando esta situación se dé el propio consejero presentará su dimisión y si no, la presidenta le cesará». «Este Gobierno debe ejercer la ley y no atender a estrategias políticas», ha apuntado.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado que a las pocas horas de conocerse el auto de diciembre del Supremo el propio Ayerdi remitió una comunicación a la presidenta del Gobierno y dejó bien claro que en el momento procesal oportuno sería él quien dimitiera. La portavoz ha señalado que sí judicializan la política desde UPN cuando «usan los tribunales para interferir en la estabilidad del Gobierno» y «no es la primera vez que lo hacen».

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha comentado que «hay dos planos en este tema, uno jurídico y otro político; en el político estamos ante una situación provocada por un partido -UPN- con unos intereses políticos detrás y hay otro plano, el procesal, que terminará previsiblemente en una citación al señor Ayerdi y éste ha manifestado ya su intención de dimitir». «Estamos en una especie de juego del gato y el ratón y ustedes -UPN- tienen interés en que Ayerdi dimita y él tiene que defenderse a sí mismo», ha expuesto, para afirmar que «la interpretación del Gobierno es la correcta».

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha indicado que «la ley es igual para todos» y «el consejero ya ha advertido que va a dimitir en el momento procesal oportuno y los informes lo avalan». «Hace bien el Gobierno en ser prudente con los derechos del consejero», ha comentado, para apuntar que «es evidente que hay un interés político» y «esas amenazas a la presidenta buscan hacer irresponsable esta situación». «El tiempo pondrá a cada uno en su lugar», ha dicho, para esperar que «UPN pierda los 10.000 euros que tiene de fianza».