El BOE publica la nueva ley de Cooperación Internacional y la ley que da protección a denunciantes de corrupción
La primera, que prevé destinar el 0,7% del PIB a ayuda al desarrollo, entra mañana en vigor y la segunda, el 13 de marzo
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la nueva ley de Cooperación Internacional, que establece como obligatorio destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte del año 2030. Asimismo, recoge la que regula la protección de denunciantes de corrupción, que exige a los partidos políticos tener un canal interno de denuncias.
Tal y como se indica en la edición de hoy, la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, mientras que dentro de 20 días, es decir, el 13 de marzo, lo hará la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Ambas normas han sido aprobadas este mes de febrero en las Cortes. El Congreso dio luz verde el día 9, con una amplia mayoría, a la de Cooperación Internacional y días después ratificó, con las enmiendas del Senado, la que regula la protección de los denunciantes.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, intervino antes de la votación de la de Cooperación para agradecer el respaldo de «todos los grupos que creen en la cooperación» y han hecho que la nueva ley sea una realidad.
Albares destacó que la cooperación es un asunto prioritario para el Gobierno para hacer frente a los grandes desafíos globales», entre los que ha citado la pobreza, el hambre o la desigualdad.
La cooperación «es política útil para millones de personas en el mundo, para los españoles porque quieren la solidaridad y para España porque nos sitúa ahí donde nos quieren ver los españoles, ofreciendo soluciones a las grandes crisis globales», insistió el ministro.
Como principal novedad, la nueva ley, que toma el relevo de la impulsada en 1998, prevé destinar «al menos» el 0,7% de la RNB a Ayuda Oficial al Desarrollo de cara al 2030, atendiendo así a una reivindicación del sector. El Gobierno se ha marcado el objetivo de alcanzar el 0,5% para el final de legislatura y la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 sea el 0,34%.
Asimismo, prevé que se destine el 10% de la AOD a acción humanitaria, la sustitución del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) por un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) y la elaboración de un nuevo Estatuto del Cooperante. Estas dos últimas cuestiones, al igual que la prevista reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tendrán que realizarse a posteriori.
SANCIONES DE HASTA 1 MILLÓN
En el caso de la ley que regula la protección de los denunciantes de corrupción, el objetivo que persigue es dar seguridad a todas las personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.
Conforme a la Directiva europea conocida como whistleblower , el Consejo de Ministros dio primero luz verde a esta nueva normativa que ampara la figura de los informantes contra represalias y por la que las empresas públicas, privadas y los municipios deberán implantar un sistema de información confidencial y seguro. Contempla sanciones económicas de hasta un millón de euros en los casos más graves.
A su vez, la norma establece la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresas, con más de 50 trabajadores, como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan.
Estarán igualmente obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales, así como las fundaciones que tengan, siempre que gestionen fondos públicos. También se tendrá que habilitar en las administraciones públicas, las universidades, las sociedades y fundaciones que integran el sector público, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales, entre otros.
No obstante, este nuevo mecanismo «no sustituye las vías de denuncia existentes» y se suma a las medidas antifraude desarrolladas a lo largo de la legislatura, precisó el Ministerio de Justicia.
En el BOE se señala, además, que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo de Ministros aprobará mediante real decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., en el que se fijarán «las disposiciones oportunas sobre organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas» con esta ley.
