Presidencia tendrá en 2023 presupuestos récord en justicia, emergencias y cooperación con los ayuntamientos
La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior contará en 2023 con un presupuesto récord en justicia, con 48,4 millones de euros; emergencias, con un total de 19,5 millones; y cooperación con los ayuntamientos, con 21,9 millones.
En total, las cuentas de la Consejería alcanzarán los 146,3 millones de euros, el presupuesto más importante de su historia, que crece un 12,9 por ciento con respecto a este año (16,7 millones de euros más).
Además, incluye partidas para la organización del proceso electoral autonómico de mayo, al que se destinarán 2,4 millones de euros, de los que 400.000 euros son para subvenciones a partidos políticos.
La consejera de Presidencia, Paula Fernández, ha presentado los presupuestos de su departamento para el próximo año en una rueda de prensa en la que ha destacado que son «reales y eficientes» y «aseguran mejoras y progreso» en servicios públicos esenciales en un momento «complicado» por la inflación y la subida del precio de la energía.
Unas cuentas que pretenden reforzar la actividad ordinaria del Gobierno, los servicios y el empleo públicos, ha señalado.
Uno de los principales ejes será la Administración de Justicia, que contará con el presupuesto más alto desde que se asumieran las competencias en 2008. En concreto, alcanzará los 48,4 millones, un 30,4% más que este año, de los que cerca de 6,4 millones corresponden a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Las inversiones judiciales prácticamente se doblarán (crecen más de un 94 por ciento) con proyectos para mejorar las sedes y las infraestructuras tecnológicas. Principalmente, se destinarán a las obras de conservación del convento de Las Clarisas en Santander (1,9 millones), que se licitará por tercera vez tras quedar desierto en las ocasiones anteriores.
Igualmente, se ejecutarán obras de rehabilitación y conservación en la sede judicial de Las Salesas (120.000 euros) y se licitará el proyecto de obra de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal (40.000).
Las inversiones tecnológicas en justicia contarán con 6,4 millones de fondos europeos con el objetivo de que, a finales de 2025, el 70% de los órganos judiciales dispongan de las infraestructuras necesarias para celebrar el 30% de los trámites judiciales de forma telemática.
Según ha destacado la consejera, Cantabria está «en las mejores condiciones» para cumplir con estos hitos y hoy la Administración judicial cántabra ya supera los objetivos intermedios de implantación de los procedimientos judiciales marcados en el proyecto nacional de Justicia 2030.
Los nuevos fondos acelerarán los proyectos de digitalización en los que estaba inmersa Cantabria como el sistema de textualización y la dotación para las futuras Oficinas de Justicia en el municipio (2,1 millones de inversión total hasta 2025); la interoperabilidad y optimización de sistemas de gestión procesal (2,8 millones hasta 2025); y registro civil plenamente electrónico (1.035.000 euros, hasta 2025), entre otros.
Por otro lado, se incrementa un 15,7% el presupuesto destinado a justicia gratuita, hasta los 2,7 millones.
En materia de personal, el presupuesto de justicia crece un 9,4 por ciento, hasta los 28,1 millones, con los que, además, se hará frente a la dotación del nuevo juzgado de lo mercantil de Santander y el incremento de efectivos en los juzgados de la capital y en la nueva Oficina Judicial de El Dueso, en Santoña.
EMERGENCIAS
Con respecto al área de emergencias, el presupuesto para 2023 consolida y mantiene el incremento de 2022. La Dirección General de Interior, encargada de la gestión del helicóptero y la planificación de emergencias, crece un 10,5 por ciento, hasta los 9,5 millones de euros, y el Servicio de Emergencias, que gestiona la Sala del 112 y los parques de bomberos, sube un 6,7 por ciento y supera los 10 millones de euros.
Habrá 1,6 millones para renovar el material y los vehículos de los bomberos, que verán también ampliada su plantilla con dos nuevos efectivos. Y el equipo del helicóptero contará con 2,2 millones.
Se mantienen las subvenciones para socorrismo en playas (600.000 euros) y del Plan Interioriza; se incrementa la destinada a los hidrantes y se crea una nueva para la instalación de desfibriladores en edificios públicos municipales.
Los parques de bomberos municipales recibirán 1.725.000 euros para la mejora de sus medios materiales y la cobertura de las incidencias en los municipios de su área de influencia (Santander, 725.000 euros; Torrelavega, 450.000; Castro Urdiales, 400.000 euros, y Camargo, 150.000 euros).
En el ámbito de la planificación, Cantabria contará con nuevos planes de protección civil de riesgos radiológicos y de fenómenos meteorológicos, y actualizará los instrumentos de emergencia exterior de tres empresas que trabajan con sustancias químicas.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Las políticas de apoyo a los municipios de la Dirección General de Administración Local tendrán un presupuesto de 21,9 millones, un 10 por ciento más, de los que 17,2 pertenecen al Fondo de Cooperación Local, destinado a los 102 ayuntamientos, casi un 9% más, y el mayor montante de la historia, que según Fernández «garantiza» la financiación de los ayuntamientos y ayuda a hacer frente a la subida en los gastos corrientes que sufren las administraciones locales.
Presidencia ayudará a la gestión de las mancomunidades con 300.000 euros e incrementa, también con 300.000 euros, las subvenciones a las entidades locales menores.
En el ámbito de la lucha contra el despoblamiento rural, se financian varias iniciativas: la ayuda al Valle de Villaverde, el mantenimiento de los cajeros y del sistema de dosificación de medicamentos en las farmacias rurales.
La Administración electrónica en los ayuntamientos dispondrá de una nueva orden de ayudas de 315.000 euros; y el Plan de Obras y Servicios de Administración Local contará con 410.000 euros
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL
Uno de los principales objetivos para 2023 seguirá siendo la reducción de la temporalidad en la plantilla pública de la Administración General. Para ello, se convocarán 1.019 plazas de las ofertas desde 2020 con el objetivo de reducir la temporalidad, aspecto en que según la consejera, Cantabria va «a velocidad de crucero».
También, en materia de formación de personal público, el nuevo Instituto Cántabro de Administración Pública Rafael de la Sierra –antiguo CEARC– dispondrá del mayor presupuesto de su historia, con un incremento del 31%, que supera los 2,1 millones.
El presupuesto de la Dirección de Organización y Tecnología asciende a 28,8 millones, un 13,4% más. El mayor aumento es para mejorar los desarrollos informáticos para el mantenimiento de los sistemas (6,4 millones).
El nuevo contrato Silió , que desde julio está en vigor, incrementa su importe en más de un millón de euros, con una cuantía total de casi 7,5 millones.
Finalmente, la Dirección de Servicios y Participación Ciudadana desciende un 18%, hasta los 8,2 millones, porque disminuye en personal y el nuevo contrato del 112 ya está adjudicado con una cuantía menor a la presupuestada. Descontado estos aspectos, se incrementa un 4,38%.
Respecto a los servicios de atención ciudadana, se avanzará en la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de aprobarla como proyecto de ley antes de que acabe la legislatura.
También hay partidas para hacer frente a la escalada de precios de energía y de otros gastos corrientes que afectan a la Administración autonómica. Se está negociando un nuevo contrato marco de electricidad –se prorrogará el actual con precios de 2019 al menos hasta marzo de 2023– y Fernández «ve posibilidades» de continuar con ello. El presupuesto para energía eléctrica sube un 33,3%, hasta los 400.000 euro; y el de gas se duplica, hasta 60.000 euros.
