Preocupan las expresiones xenófobas contra migrantes venezolanos que están en el centro del debate político

SANTIAGO, 12

Las recientes expresiones xenófobas en el marco de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de diciembre en Chile, especialmente las dirigidas contra los migrantes venezolanos, han provocado un aumento de la preocupación por su posible impacto social.

«Los ataques racistas han ido creciendo con el tiempo», expone a Europa Press Carlos Carrasco, un comunicador social afrovenezolano de 27 años que ha sufrido xenofobia en el país andino, donde llegó en 2018.

«Sufrí un ataque en una parada de bus tras salir de una reunión de amigos. Tres hombres se acercaron a mí gritando que querían a todos los extranjeros fuera de Chile. Tenían una botella en la mano. La rompieron contra el suelo, y se pusieron mucho más violentos. Sentí mucho miedo, porque estaba solo», rememora.

«Por suerte pasó un taxi, que por cosas del destino se paró y me pude montar y escapar, si no se hubiese detenido no sé qué habría pasado», explica el comunicador social, que llegó a la capital, Santiago, con su esposa e hijo, huyendo de la crisis económica y la persecución política en su país.

Chile registró en 2020 alrededor de 1,4 millones de migrantes viviendo en su territorio, que suponen un siete por ciento de la población, según cifras oficiales. Un 8,5 por ciento son bolivianos, un 11,4 por ciento colombianos, un 12,5 por ciento haitianos –aunque cientos han dejado el país recientemente, rumbo a Estados Unidos–, un 16,3 por ciento peruanos y un 30,7 por ciento son venezolanos.

Oficialmente hay en Chile unos 500.000 personas provenientes del país gobernado por Nicolás Maduro, aunque la cifra podría superar los 650.000 debido a las personas que están en situación irregular y a los miles que han llegado durante 2021.

La migración proveniente del resto de países latinoamericanos ha llegado a Chile de forma escalonada, pero los venezolanos lo hicieron en masa en los últimos cinco años, en busca de un futuro en un país que, a pesar del estallido social de 2019 y de la crisis generada por la pandemia, continúa siendo reconocido por su estabilidad económica y política.

«Los números van a seguir creciendo. Proyectamos que para el año que viene vamos a tener por lo menos un millón más de personas movilizadas en la región latinoamericana si no tenemos un cambio de la situación política, económica y social en Venezuela. Hay que reconocer que el problema de los venezolanos ya no es de migración sino un problema de refugiados», dice Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile.

Las ciudades fronterizas con Perú y Bolivia han demandado ayuda para administrar una crisis migratoria que estaba caldeando los ánimos de la población. La tensión estalló el 25 de septiembre, cuando un grupo de personas que se manifestaban contra los migrantes, empuñando banderas chilenas y al ritmo de un cacerolazo, desmanteló a la fuerza y quemó un campamento de venezolanos, ante la mirada impasible de las autoridades, en la ciudad de Iquique, situada unos 1.700 kilómetros al norte de Santiago.

Colchones, ropa, juguetes y pañales de 167 personas, entre ellas 43 menores, resultaron calcinados, en un incidente repudiado por Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Un día antes los carabineros habían desmantelado otro campamento irregular situado en una plaza de la ciudad, la primera gran urbe que encuentran los migrantes en ruta a Santiago.

ENDURECIMIENTO DE LA LEY MIGRATORIA

Chile ha aprobado este año una ley de migraciones más estricta y ha iniciado un proceso de deportaciones muy criticado por la sociedad civil. Así, más de 800 personas han sido expulsadas en aviones a los que son subidos vestidos con uniformes blancos, algo que para los defensores de Derechos Humanos supone estigmatizar al grueso de los migrantes.

Parte de los deportados habían sido acusados de delitos como robo a mano armada o tráfico de drogas, incluyendo homicidio, y otros fueron expulsados por cuestiones administrativas, como haber ingresado al país de forma irregular.

«Esos vuelos son vergonzosos y lamentables. Eso es criminalizar y estigmatizar a las personas migrantes, porque la mayoría ni siquiera tenían antecedentes penales en Venezuela y no se les permitió el acceso a la justicia ni a los debidos procesos en Chile», comenta Rojas.

El país impuso una visa de responsabilidad democrática en 2018 como forma de regularizar al migrante proveniente de Venezuela. Los críticos del sistema denuncian que el proceso es lento y caro, que tiene que ser llevado a cabo fuera de Venezuela y que apenas son aceptadas el 30 por ciento de las solicitudes.

«Tomar una posición que cierre las fronteras y le digan a las personas que no pueden volver a entrar es algo que no es viable porque mientras exista el problema en Caracas las personas van a seguir movilizándose desde Venezuela. La solución es un plan que se haga cargo de la recepción de estas personas en conjunto con organizaciones internacionales», reclama Rojas.

EL DEBATE ELECTORAL

La llegada masiva de venezolanos se ha convertido en un punto central de la campaña que enfrenta al ultraderechista José Manuel Kast y al izquierdista Gabriel Boric. Cientos de migrantes arriban apenas sin posesión alguna y, ante la dificultad de encontrar trabajo, duermen en espacios públicos de las principales ciudades, generando descontento en varios segmentos poblacionales.

El candidato conservador propone endurecer la política migratoria, creando zanjas en la frontera para «conducir a las personas a un paso habilitado» y su rival progresista, acusado por parte de la población de ser pro migración, planea erigir fronteras ordenadas y pide una coordinación internacional a nivel latinoamericano para que no sean unos pocos países los que gestionen «el desastre que ha generado la dictadura de Maduro en Venezuela».

En el centro del debate están los migrantes. «En redes sociales leemos que nos vayamos a nuestro país. Dependiendo de la tendencia ideológica de la persona que está haciendo los comentarios, escuchamos que no queremos ser chilezuela o que no queremos a venecofachas en Chile», denuncia Rojas.

«Existe una cierta politización de la condición de migrante, donde buscan que tú, por ser de Venezuela, tengas que tener opinión política respecto de lo que pasa en Chile y en función de esa opinión política hay mayor apertura o mayor rechazo hacia ti», comenta Carrasco.

Destaca la discriminación a la hora de arrendar un lugar para vivir. «Yo estaba buscando un departamento y ya tenía todos los papeles que me pedían para arrendar. Ya lo había visto. Tenía solvencia económica. Y justo antes de firmar el contrato me llaman y me dicen que lo sienten pero que no me lo pueden dar porque otra persona chilena lo vio y tiene prioridad por encima de mi», lamenta.

Asegura que es habitual. «Hay gente que tiene posibilidad económica de arrendar en comunas como Providencia, que es de clase media, y en muchas ocasiones se les niega la posibilidad porque eso no va con su nacionalidad o con su color de piel. De acuerdo a eso tienes que estar en otro tipo de comunas, no de clase media en Santiago. Eso genera un círculo vicioso porque los migrantes empiezan a formar especie de guetos en distintas comunas de Santiago donde hay mucho hacinamiento», critica Carrasco.

Además ,denuncia discriminación a la hora de acceder al empleo, y en el transporte público. «También uno ve en la calle que existe una hipersexualización hacia las migrantes. Mucho acoso callejero», añade.

«Es importante hacer un llamado de atención a las autoridades y a la sociedad de que podamos construir mejores alternativas y una mayor convivencia y cohesión social porque muchas de estas personas, a pesar de la discriminación que están sufriendo en Chile, no se van a ir de aquí, ya que en su país de origen sigue existiendo una crisis humanitaria», sentencia el migrante venezolano.