PP y Vox rechazan una propuesta del PSOE para impulsar el centro extremeño de crisis 24 horas de la anterior legislatura

MÉRIDA, 24

El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado con los votos de PP y Vox una propuesta de impulso presentada por el PSOE, apoyada por Unidas por Extremadura, para, entre otras cuestiones, poner en marcha el Centro Regional de Atención de Crisis 24 horas a las Víctimas de Violencia Sexual en la sede de Mérida y sus satélites en Cáceres y Badajoz planteado por el anterior ejecutivo regional socialista.

La medida ha sido rechazada después de que los populares no hayan logrado que los socialistas aceptaran una enmienda en la que, entre otras cuestiones, planteaban sustituir el proyecto de la anterior legislatura por ser «totalmente inviable e imposible de ejecutar», por cuatro centros de atención en Mérida, Cáceres, Badajoz y Plasencia, y con la previsión de estar «en funcionamiento todos ellos antes del 31 de diciembre de 2024».

Además de la puesta en marcha de estos centros, la iniciativa socialista también instaba al gobierno regional a fortalecer las políticas de igualdad, prevención y lucha contra la violencia sexual y de género; a garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y proponer medidas para contrarrestar el «discurso negacionista» de la violencia de género.

En la defensa de la misma, la diputada socialista Soraya Vega ha puesto el caso de Giselle Pelicot para mostrar «lo que las mujeres han vivido y han sentido durante milenios en todas las partes del mundo», así como ha recuperado algunas de las cifras que evidencian el repunte de casos de violencia sexual contra las mujeres.

En concreto, durante el primer semestre de 2024, en Extremadura han aumentado un 60% las violaciones con respecto al año anterior, ha señalado Vega, quien asimismo ha repasado las leyes y acuerdos nacionales e internacionales que han permitido avanzar en la conciencia feminista.

Un marco normativo que permitió poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, o el plan España Te Protege, entre cuyas medidas se encuentra la creación de los centros de Crisis 24 horas a las Víctimas de Violencia Sexual.

Al respecto, ha remarcado que el gobierno regional de María Guardiola se encontró «todo listo para poder licitar» el centro regional en Mérida, gracias a un alcalde, una consejera y un presidente de la Junta «socialistas».

Sin embargo, el gobierno de María Guardiola ha sustituido «este centro integral, por valor de 3,4 millones de euros, por una obra en un sótano en el Hospital de Mérida, por valor de 240.000 euros».

Para Vega, ubicar el centro de crisis 24 horas «en el sótano de un hospital» significa «volver al principio de todo, volver a cargar con la culpa, significa hacerse cómplice de un sistema que oprime a las mujeres». «Como diría la señora Pelicot, significa humillarlas», ha remarcado.

UN PROYECTO «INVIABLE»

En defensa de su enmienda, la diputada del PP Isabel García López, ha señalado que la propuesta del PSOE utiliza verbos en infinitivo «totalmente erróneos», que son los que «han estado acostumbrados a utilizar en sus políticas de promesas incumplidas, de presupuestos recogidos simplemente en papel y que nunca llevaron a la práctica».

La realidad, ha apuntado, es que la Consejería de Igualdad del anterior gobierno socialista «solamente tenía fachada, pero por dentro estaba totalmente vacía».

Infinitivos que sustituyen los populares en su enmienda porque «vienen a pedir al Gobierno de Extremadura algo que ya se lleva realizando» desde el inicio del mandato de María Guardiola. En todo caso, considera que lo más llamativo de su propuesta es que exija que «a la mayor brevedad posible» se ejecute el proyecto del Centro Regional de Atención de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual porque «en tiempos de su anterior Gobierno no hicieron absolutamente nada al respecto».

Y no lo hicieron porque sabían que su proyecto «no cumplía el hito que exigía Europa de un centro por provincia» y porque sabían que su proyecto era «totalmente inviable e imposible de ejecutar», como demuestran los hechos de un Gobierno que «no tenía ninguna intención de ponerlos en marcha», ya que en el plano administrativo «no dieron ni un solo paso», y solo se cuenta con la ejecución de 5.900 euros en la redacción del proyecto.

A cambio, el actual gobierno de Extremadura «va a llevar a cabo un proyecto real. Un proyecto que haga contar a Extremadura con cuatro centros de crisis en las localidades de Cáceres, Badajoz, Plasencia y Mérida», ha señalado.

UNA LEY IDEOLÓGICA

Por su parte, el diputado de Vox Juan José García García ha expuesto que las políticas de igualdad ya vienen recogidas en el artículo 14 de la Constitución Española, de modo que lo que piden los socialistas con su propuesta es «una discriminación positiva», cuando desde su formación están «en contra de cualquier tipo de discriminación, sea positiva o negativa».

También considera que la Constitución persigue la violencia sexual, concretamente en el artículo 15, que establece que «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral». «La vida de un ser humano, ya sea hombre o mujer, es sagrada. Para ustedes, y no lo pongo en duda, y para nosotros, es sagrada», ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que para Vox «la violencia es violencia, no tiene apellido», así como ha arremetido contra la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 «no vale para proteger a la mujer», dado que en todos los años de aplicación de la misma no ha logrado reducir el número de víctimas, según ha apuntado.

Sin embargo, quieren mantener esta ley «ideológica» socialista «a capa y espada» a pesar de que «no vale para nada», porque «no está protegiendo a la mujer». «Las mujeres siguen muriendo y es una auténtica vergüenza», ha subrayado.

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, se ha referido también a los últimos datos que reflejan un incremento de los casos de agresiones sexuales, y especialmente se ha detenido en aquellos que se refieren a los menores de edad, que ha relacionado directamente con el consumo de pornografía.

En este punto, ha recuperado unas palabras del fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, en las que animaba a los poderes públicos a implementar la educación sexoafectiva, al hilo de lo cual la diputada de la coalición ha recordado que el parlamento extremeño rechazó una propuesta suya para la implantación de la educación sexual integral en los centros educativos.

Tras ello, ha preguntado a los grupos parlamentarios que entonces votaron en contra si no se sienten «un poquino» responsables de las cifras que recoge la memoria de la fiscalía, que son además «reflejo» no solo de una mala educación afectivo sexual, sino también de los discursos negacionistas de la violencia de género que son necesarios combatir.