El Gobierno de Madrid reitera que trabaja para «mejorar» leyes LGTBI, tras anunciar PP que no se tramitará su derogación
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reiterado este miércoles que trabaja para «la mejora» de las leyes LGTBI vigentes en la región, tras anunciar el Grupo Parlamentario Popular que con sus votos no permitirá que se tramite la Ley de Igualdad de Vox, que incluía una disposición para derogarlas.
Así lo han señalado tanto el portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, como el de Presidencia, Enrique López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, acompañados por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Ossorio ha subrayado que la decisión de abstenerse le corresponde al Grupo Parlamentario Popular y ha justificado la misma con que han estudiado «en profundidad esta norma en todos sus aspectos» y que, por ejemplo, hay puntos en ella que afectan tanto a Presidencia, Educación como Sanidad que «no son procedentes».
Además, ha recordado que hay una disposición final derogatoria de las leyes LGTBI que no comparten desde el Ejecutivo madrileño. En este punto, ha sostenido que, como han comentado muchas veces, esas leyes «desde un punto de vista jurídico están muy mal realizadas» porque tienen «muchos artículos que no se pueden aplicar porque no son jurídicos». «La ley lo que hace es dar unos mandatos y esos mandatos son como un mitin», ha apuntado, al tiempo que ha censurado también el relativo a la «inversión de la carga de la prueba».
A pesar de estas palabras, ha recalcado que el objetivo de las leyes lo comparten «totalmente», que es «la ausencia absoluta de discriminación a nadie en la Comunidad independientemente de su inclinación sexual» así como que se evite «toda violencia contra estas personas de manera tajante».
Por su parte, López ha repetido que no están a favor de la derogación de leyes LGTBI «ni mucho menos» pero sí en trabajar «en la mejora técnica de estas normas que tienen un carácter simbólico muy importante». Tienen, a su parecer, «aspectos normativos muy deficientes» y el objetivo es que «realmente garanticen la igualdad». «Estamos trabajando para buscar el mejor instrumento legal que pueda superar esos déficit. En ese sentido estamos trabajando», ha zanjado.
