PP y Cs cierran un doble acuerdo y gobernarán los próximos cuatro años el Ayuntamiento y Diputación de Alicante

ALICANTE, 14

Los equipos negociadores del Partido Popular y Ciudadanos han cerrado este viernes, en una última reunión de más de cuatro horas, un acuerdo por el que gobernarán conjuntamente en el consistorio alicantino y en la Diputación de Alicante como «contrapeso» a las futuras políticas que pueda impulsar el Consell de la Generalitat.

El acuerdo de Gobierno situará al popular Luis Barcala que repetirá al frente del Ayuntamiento y al popular Carlos Mazón en la Diputación de Alicante. Ciudadanos asumirá una de las dos vicepresidencias que tendrá la Diputación, mientras que en el Ayuntamiento la cabeza de lista de Ciudadanos, Maria del Carmen Sánchez, será la portavoz del nuevo equipo de Gobierno y una vicealcaldía.

A este último encuentro han asistido Luis Barcala y su número dos, Carlos Mazón, y el líder de la formación naranja , Toni Cantó, y la número uno de Ciudadanos, Maria del Carmen Sánchez.

Populares y Ciudadanos gobernarán en minoría el Ayuntamiento, dado que suman 14 de los 29 concejales que tiene el consistorio alicantino. Así las cosas, se quedan a uno de la mayoría absoluta y a la espera de conocer, en la sesión de investidura de mañana sábado, qué votará Vox, cuyos dos ediles no han aclarado cuál sería su posición ante el bipartito de derechas que hoy nace.

El resto de la corporación de la capital alicantina lo componen PSPV, con nueve ediles, Compromís (dos) y la confluencia Unides Podem-Esquerra Unida, también con dos.

Por su parte, en la Diputación de Alicante gobernarán con mayoría dado que el PP tiene 14 diputados, empatado con el PSPV que fue el partido más votado a nivel provincial, mientras que Ciudadanos suma 3.

En la Diputación, Compromís solo tiene un diputado provincial.

PP 20 COMPETENCIAS; CS, SIETE

Luis Barcala ha explicado, al término del encuentro y junto a Maria del Carmen Sánchez, que el acuerdo es de «investidura y gobierno» para este mandato y que establece «una hoja de ruta» que empezaba por hablar de «los compromisos éticos» para trabajar «desde un inicio» y que son «irrenunciables».

Ha comentado que la negociación ha estado marcada por un «clima de trabajo» que ha sido el «más responsable posible» en el que se buscado «con independencia de sillones» ser «operativos» y «no cometer errores de otros». Un acuerdo que antepone «el interés de los alicantinos por encima del de otros».

Además, ha desgranado que el PP asume economía y hacienda, empleo y agencia local, coordinación de proyectos, comercio, acción social, educación y sanidad, fiestas y vía pública, participación ciudadana, infraestructuras, transporte, seguridad, mantenimiento, medio ambiente, plaza de toros, recursos humanos, modernización, estadística, asesoría jurídica, presidencia y registro general.

Por su parte, Maria del Carmen Sánchez ha asegurado que se trata de un pacto de gobierno «muy serio» que se ha abordado desde «la discreción y la seriedad» y que ha derivado en un equipo de Gobierno «serio, responsable, unido» y que ofrece «estabilidad, que es lo más necesita la ciudad».

Ciudadanos asume turismo, igualdad y LGTBi, juventud, cooperación e inmigración, cultura, deporte, urbanismo y patrimonio.

CONTRAPESO AL CONSELL

Por su parte, Carlos Mazón y Toni Cantó han escenificado el acuerdo para la Diputación de Alicante, que debe convertirse en el «contrapeso» a las políticas del Consell de la Generalitat.

Cantó ha precisado que falta por dirimir «pequeños flecos», pero que se busca que la institución sea el contrapeso a «las políticas que se van a llevar» desde el Consell y que, a su juicio, «empeoraron» ayer con la llegada de Unides Podem: «Es indispensable que desde Alicante se haga una labor de contrapeso».

Con todo, ha señalado que para la Diputación se ha fijado «un primer filtro» que pasa por «la regeneración democrática»: «La firme voluntad de que en la Diputación no entrara ningún imputado por corrupción». Ciudadanos asumirá el área de transparencia de la institución desde la que «mirara con extremo celo» y que «capitaneada» por el partido naranja» tendrá como «exigencia» para velar «por la limpieza de las cuentas de toda la provincia».

Además, ha apuntado al área de Cultura como «valor añadido y esencial, en el que el turismo debe enfrentar la nueva competencia de otras áreas que vuelven a competir».

«Y el otro área que trabajaremos porque es una área que nos importa especialmente, de nuevo como contrapeso, por el abandono histórico hacia la provincia de Alicante, especialmente desde el tripartito valenciano, es lo que tiene que ver con la obra pública y las infraestructuras», ha indicado para que tengan que ver con «las necesidades reales» y «no por los colores políticos».

Habrá «un criterio de extrema justicia en el reparto de las necesidades de la provincia», ha indicado y ha zanjado que ya no habrá siete vicepresidencias, solo habrá dos una para cada partido.

Por su parte, el futurible nuevo presidente provincial, Carlos Mazón, ha manifestado que es un acuerdo en el que se ha trabajado «toda la semana» sobre la base del documento de «la escrupulosa observacia de la carta de ética de Ciudadanos» y se ha referido al «contexto y el momento de la Comunitat Valenciana» por lo que ha incidido en lanzar «un contraste de contrapeso» sobre un pacto «muy alicantino, ante València y Madrid».

«Un pacto muy reivindicativo en materia educativa, de la ley de mancomunidades, de servicios sociales y de los decretos que han venido siendo recurridos por la Diputación y que tienen que ver con la libertad», ha señalado.

Asimismo, ha explicado que se ofrecerá asesoramiento a los ayuntamientos y «semestral o anualmente iremos informando sobre cómo están en materia de transparencia los ayuntamientos».

Ha recordado que ha sido diputado de infraestructuras «en años pasados» y los planes de obra «hacen especial hincapié en pequeños pueblos» porque «sí que queremos predicar vertebración y mejorarla día a día».

Finalmente, cuestionado Cantó sobre si Ciudadanos abandonaba la idea de eliminar las diputaciones, ha alegado que «no» sino que se trata de una cuestión que depende «del gobierno de la nación» y que «necesita cambios constitucionales» por lo que se «pelea» donde «se puede».

«Nunca hemos renunciado a estar presentes en las instituciones, el Senado es otro ejemplo; pero lo que hacemos mientras estamos es hacer el mejor trabajo posible», ha razonado.