PP, PSOE y Ciudadanos se alían en las Cortes para instar al Tribunal de Cuentas a fiscalizar las embajadas catalanas

Unidos Podemos y el PNV votan en contra y cargan contra el PP por querer «instrumentalizar» al fiscalizador

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este miércoles, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, una petición para que el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda fiscalice la acción exterior de la Generalitat catalana entre 2011 y 2017 y determine qué destino se ha dado a todos los recursos asignados a las denominadas embajadas catalanas y al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que el Gobierno central liquidó hace dos semanas bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.

El texto, que ha sido debatido en una sesión a la que no ha acudido ningún representante de ERC ni del PDeCAT, ha contado con el rechazo de Unidos Podemos y del PNV, que han criticado el fondo de la propuesta del PP y han subrayado que, en todo caso, la encargada de fiscalizar la política exterior de la Generalitat sería la Sindicatura de Cuentas catalana.

En su propuesta el PP recalca que desde 2012 Cataluña ha sido la comunidad que más ayuda ha recibido a través de los distintos mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado para poder garantizar la prestación de servicios públicos básicos a los ciudadanos. En concreto, cifra esos fondos en 70.709,9 millones, el 30,62% de total destinado al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Y también destaca que, según el propio Tribunal de Cuentas, entre 2001 y 2014, Cataluña copaba la mitad de las delegaciones, sedes u oficinas de representación de las comunidades autónomas en el exterior, y que el coste total de esta actividad ascendió a 79,06 millones de euros.

En 2012, Exteriores impulsó la suscripción de protocolos generales de colaboración entre el ministerio y las autonomías para que las delegaciones autonómicas se integrasen en las delegaciones diplomáticas españolas, con el objetivo de reducir duplicidades y costes, pero Cataluña siguió operando de forma autónoma.

INTERNACIONALIZAR EL PROCÉS

De hecho, el PP asegura que en los últimos años y especialmente este 2017 se ha detectado un incremento del presupuesto en la acción exterior de la Generalitat, que ha coincidido con la intención de internacionalizar «la causa secesionista». En concreto, apunta, Cataluña llegó a contar con unas setenta oficinas repartidas por todo el mundo, muchas de las cuales fueron cerradas por el Gobierno central en el primer mes de aplicación del artículo 155.

Para los populares resulta «más que justificado» que, ante la situación de apoyo financiero prestado por el Estado para poder garantizar la prestación de servicios públicos básicos y «ante la situación de escasez de recursos», la comisión mixta del Tribunal de Cuentas pida una fiscalización de los fondos destinados a la acción exterior catalana para determinar si se han utilizado «conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia».

El encargado de defender la iniciativa ha sido el diputado popular Jordi Roca, quien ha acusado a la Generalitat de «despilfarrar» dinero público en su acción exterior, ha recalcado que las elecciones del pasado 21 de diciembre evidenciaron el «fracaso» del procés y ha añadido que «alguien debería pedir perdón» por todo ello, no sólo a los no independentistas, sino también a los defensores de la independencia.

DESPILFARRO PARA ACTIVIDADES ILEGALES

De su lado, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha puesto relieve la oportunidad de esta fiscalización, sobre todo, ha dicho, después de que el Tribunal Constitucional haya dejado claro que la política exterior es una «competencia exclusiva» del Estado que no se puede desarrollar desde las comunidades autónomas.

En este sentido, ha exigido que se analice si la Generalitat ha podido destinar dinero público a «actividades que no le son propias» y que pueden ser «ilegales». «Que se aclare, así todos estaremos más tranquilos y, si se han vulnerado las normas, que se repare lo antes posible», ha afirmado Hurtado.

«Si no se ha producido ninguna irregularidad no tienen nada que ocultar», ha señalado, por su parte, Raúl Ramírez, de Ciudadanos, quien ha asegurado que el Tribunal de Cuentas se perfectamente competente para determinar si se ha producido «un despilfarro» de fondo del Estado.

QUIEREN ANIQUILAR LAS INSTITUCIONES CATALANAS

Por contra, el diputado de En Comú Podem Joan Mena, ha enmarcado esta iniciativa en la «estrategia punitiva de acoso, derribo y aniquilación» de las instituciones catalana que, a su juicio, ha puesto en marcha el Gobierno del «partido más corrupto de Europa».

«Ustedes no tienen credibilidad para hacer este tipo de propuestas porque son los campeones de la malversación», ha soltado a los populares , a los que ha recordado que los catalanes les han situado «en la marginalidad» enviándoles al Grupo Mixto del nuevo Parlament.

Con argumentos similares, la senadora del PNV Dolores Etxano ha planteado que el Tribunal de Cuentas no tiene competencias para examinar este asunto y ha acusado al PP de pretender «instrumentalizar» este órgano. Además, ha glosado las bondades de la economía catalana y ha pedido al Gobierno que ponga «fin al enfrentamiento» y apueste por el diálogo para resolver el conflicto catalán.