PP, PSOE, Vox y PNV apoyan la ley de multirreincidencia de Junts en el Congreso con Sumar, Bildu y Podemos, en contra

La reforma endurece las penas por robos de móviles no por el valor del terminal, sino por incluir datos personales

La Comisión de Justicia del Congreso, con el apoyo de PP, PSOE, Vox y PNV, ha aprobado este miércoles por la noche la reforma penal impulsada por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de sus exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez. En cambio, Sumar y socios del Ejecutivo como Bildu y Podemos han votado en contra mientras que ERC ha optado por la abstención.

Esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), fue registrada por Junts en marzo del pasado año y fue tomada en consideración seis meses después, pero se guardó durante meses en un cajón prorrogando cada semana el plazo de presentación de enmiendas parciales.

En marzo de este año se presentaron por fin las enmiendas, pero de nuevo entró en hibernación, y es que los socios de izquierda del Gobierno habían hecho saber su disconformidad con la reforma, que en cambio sí pedían el PP y Vox. Tras la ruptura del diálogo anunciada por Junts, el PSOE accedió a retomar la tramitación y en apenas una semana ha quedado lista para su aprobación definitiva en el Pleno.

NO ES POPULISTA, ES UNA NECESIDAD

En el debate de este miércoles, la diputada de Junts Marta Madrenas ha defendido su reforma negando que se trate de una iniciativa «populista» y ha subrayado que su objetivo es tratar de revertir la «frustración» y la sensación de abandono que genera en la sociedad la impunidad de este tipo de hurtos reiterados.

También el portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha querido dejar claro que el endurecimiento de las penas por multirreincidenca es una reclamación «transversal» que no se puede calificar de izquierda ni de derechas y ha abogado por afrontar esta cuestión con serenidad y sin alarmismos.

Para la socialista Mercè Perea, esta reforma es una demostración de «la política útil» y supone atender las demandas de los ciudadanos y de los ayuntamientos. «Nuestro modelo de seguridad es progresista, público y universal, que entiende la seguridad como un bien público esencial –ha proclamado–. Con esta ley, la multireincidencia tiene los días contados».

El PP se ha felicitado igualmente por la aprobación de una norma contra la multirreincidencia porque «la comisión repetitiva de hurtos, estafas, pequeños robos por parte de individuos genera en la ciudadanía alarma social y sensación de impunidad ante el delito, desbordando los sistemas judicial y policial y generando inseguridad a la ciudadanía». Eso sí, Santi Rodríguez ha recordado que el Grupo Popular también planteó una reforma similar y se guardó en un cajón.

VOX DICE QUE VA EN SU LÍNEA

También Vox ha mostrado su satisfacción por esta reforma que, «va en la dirección» exige su partido de «mayor severidad frente al hurto leve y más supuestos agravados». «Vox no ha venido aquí a maquillar una mala ley. Ha venido a obligar a este Parlamento a mirar de frente el problema y acabar con la impunidad», ha comentado Carina Mejías.

En cambio, para el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, supone una deriva punitivista que alumbra penas desproporcionadas para dar satisfacción a Junts en su lucha contra la extrema derecha catalana, y critica que se haya sumado el PSOE a esa estrategia.

Jon Iñarritu, de Bildu, ha adelantado su rechazo porque la ley «no es ni proporcional ni eficaz, ni garantista», y ha advertido de que «endurecer de penas rompe el equilibrio y la respuesta punitiva», como tiene reconocido el Tribunal Constitucional. «No puede castigarse como si fuera grave lo que no es», ha resumido.

Igualmente, Martina Velarde, de Podemos, ha expresado su oposición a la ley al considerar que es «una propuesta para alimentar los relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha, también para perseguir y aplicar manos duras con el robagallina, mientras que los verdaderos criminales siguen absolutamente impunes».

Por su parte, Esquerra Republicana ha optado por la abstención. La diputada Pilar Vallugera ha lamentado que «la derecha y la ultraderecha han conseguido poner un marco referencial en nuestros ciudadanos» de inseguridad ciudadana, y ha advertido de que esta ley crea expectativas que no va a resolver, lo que generará frustración y la sensación de que los legisladores son unos incompetentes.

EJES DE LA REFORMA

La reforma penal de Junts impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.

Y se ha añadido otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.

En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, «cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro». Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permite imponer cautelarmente al delincuente «la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas».

Por último, mediante una enmienda in voce acordada por PP, PNV y Junts, se establece una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado petaqueo que resta apoyo logístico a las narco lanchas al castigarse «la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos» contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.

Una vez aprobado por la comisión, el siguiente paso será debatir y votar la reforma en un próximo Pleno del Congreso, ya sea en enero o en febrero al reanudarse la actividad ordinaria. De ahí se irá al Senado para completar la tramitación.