PP, PSOE, Sumar y Bildu coinciden en exigir en el Congreso que las armas exportadas no se usen en violaciones de DDHH

El PP, el PSOE, Sumar y Bildu han coincidido en reclamar en el Congreso que el material de defensa que exporte España no se use para facilitar o cometer violaciones graves del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Así lo han hecho en diversas propuestas de resolución presentadas acerca del Informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2022 , sobre el control del comercio exterior de defensa y doble uso, que se debatirán y votarán este martes en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

En concreto, el PP han propuesto adoptar en el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, un mecanismo para que las autoridades de los países receptores del material de defensa enviado por España certifiquen que los productos recibidos no serán utilizados para facilitar o cometer violaciones graves de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

En los mismos términos se ha expresado Sumar, que propone la adopción del mecanismo propuesto por el PP pero en el Real Decreto 494/2020, de 28 de abril. Bildu, por su parte, plantea la inclusión de la cláusula para evitar que el material exportado se use en situaciones de violaciones de los Derechos Humanos en el Reglamento de 2020 de la Ley 53/2007.

Por su parte, el PSOE, que ha presentado una propuesta de resolución que plantea la aplicación de criterios restrictivos en las ventas de material de defensa, de antidisturbios y de uso policial, así como de armas de fuego de uso civil, teniendo en cuenta la situación de los Derechos Humanos del país receptor.

Aunque ninguna de las cuatro formaciones menciona a Israel específicamente, la petición coincide con la contraofensiva que el Estado hebreo lleva a cabo en la Franja de Gaza y Cisjordania como respuesta a la masacre de Hamás del 7 de octubre. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) investiga a Israel por presuntamente cometer un genocidio en Palestina, una demanda presentada por Sudáfrica y a la que se ha unido España.

REVOCAR LOS CONTRATOS CON ISRAEL Y UN EMBARGO

No obstante, Sumar y ERC sí aluden a Israel específicamente en sus propuestas de resolución. Los de Yolanda Díaz piden al Gobierno reforzar y aplicar el cumplimiento del artículo 6.3 del Tratado sobre Comercio de Armas respecto a la revocación de las autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel.

Según Sumar, estas restricciones «deben incluir la congelación de entrega de armas cuyos contratos se hubieran podido firmar antes del 7 de octubre y los contratos de material militar o de seguridad cuando existan riesgos reales de uso directo o indirecto en la agresión militar de Israel contra Palestina».

ERC, por su parte, ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, valiéndose de un Grupo de Trabajo sobre Armas Convencionales del Consejo de la Unión Europea (UE), promueva que los Veintisiete adopten «de forma urgente» un embargo de armas europeo a Israel y a los grupos armados palestinos.

El informe objeto de las propuestas de resolución muestra que, en 2022, Israel recibió material de defensa por valor de 9.292.435 euros. El Gobierno sostiene que no se han cerrado acuerdos con el Estado hebreo desde el 7 de octubre de 2023 y que el material de defensa que ha llegado allí procedente de España en estos meses de recrudecimiento del conflicto se corresponde con contratos suscritos con anterioridad a la fecha mencionada.

MARRUECOS Y LA LEY DE SECRETOS OFICIALES

Asimismo, Esquerra y Bildu han coincidido en una serie de propuestas de resolución orientadas a la venta de material antidisturbios a Marruecos y a exigir una reforma de la Ley de Secretos Oficiales.

Respecto al país africano, el partido independentista catalán y el vaco reclaman revocar las licencias de exportación de material policial y de seguridad autorizadas en 2022 y no autorizar ninguna más a Marruecos, incluido el material antidisturbios, hasta que no se investiguen «de forma exhaustiva e independiente» todas las denuncias de «graves» crímenes contra el Derecho Internacional.

Mencionan el uso excesivo de la fuerza, tortura y desaparición de las personas migrantes por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y también piden que la Justicia procese a los responsables y las fuerzas de seguridad y demuestren en la práctica que utilizan ese material de acuerdo con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

Sobre la Ley de Secretos Oficiales, ambas formaciones alegan que ha de adecuarse a las normas internacionales de Derechos Humanos, que establecen que poder clasificar un documento como secreto «no puede ser un cheque en blanco». «Su contenido debe afectar a la seguridad nacional, no debe estar vinculado a vulneraciones de los Derechos Humanos y no puede prorrogarse esta condición hasta el infinito», agregan.