PP propone excluir a las instalaciones de renovables más pequeñas de la revisión de su rentabilidad razonable

El Partido Popular ha presentado una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para excluir a las instalaciones de energías renovables de pequeño tamaño de la revisión de su rentabilidad razonable prevista para el periodo 2020-2025.

En 2019 debe revisarse de nuevo la rentabilidad adecuada para implementarse a partir del 1 de enero del 2020. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una tasa de retribución para el segundo periodo regulatorio 2020-2025 del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Esta propuesta supondría un recorte del 5,5% con respecto al 7,5% vigente.

En concreto, en su iniciativa el grupo popular pide una modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para fomentar así estas instalaciones de producción de energía renovables que cuenten con una potencia inferior a los 300 kW.

En el texto, señala que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, aprobada por el anterior Gobierno del PP, establecía una serie de medidas que tenían como finalidad básica la regulación del sector eléctrico, garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico.

El déficit de tarifa en el sistema eléctrico español llegó a alcanzar más de 6.000 millones al año en 2008 o más de 5.500 millones en 2010, lo que obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar medidas de urgencia a partir del año 2012.

Entre las medidas adoptadas figuraron, en primer lugar, el Real Decreto Ley 1/2012 por el que se procedía a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución, y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, que suprimió los incentivos para la construcción de las instalaciones de tecnologías de régimen especial, a fin de evitar la incorporación de nuevos costes al sistema eléctrico.

Del mismo modo, el Real Decreto Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero introdujo nuevas medidas para corregir los desajustes entre los costes del sector eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los consumidores.

Además, el Real Decreto Ley 9/2013 establecía que los parámetros sobre los que girara la rentabilidad razonable se fijaran teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de seis años, modificando de este modo las rentabilidad existentes para este tipo de instalaciones.

Esta batería de normativas consiguió en 2014 que el sistema eléctrico cerrara su primer ejercicio con superávit de tarifa, después de años consecutivos de déficit.

Así, en su proposición, el PP considera que esta nueva realidad y después de años de inestabilidad del mercado energético, el sistema eléctrico está equilibrado y las nuevas tecnologías asociadas al sector eléctrico, especialmente las relacionadas con energías renovables, se han desarrollado y han reducido su precio de un modo exponencial.

Por ello, cree necesario revisar, potenciar, dar seguridad y fomentar las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y comenzar con aquellas de menor tamaño.