PP plantea en el Congreso analizar el impacto de las leyes medioambientales en el campo antes de aprobarse
El PP llevará esta semana a votación al Pleno del Congreso una iniciativa con la que piden aplicar un «mecanismo rural de garantía» con el que se evalúe el impacto que pueden tener en el medio rural las leyes medioambientales antes de su aprobación.
Este mecanismo que se conoce como rural proofing , el Grupo Popular quiere elaborar en diálogo con el sector primario y lo plantea en una moción consecuencia de una interpelación urgente que dirigió en el pleno de la semana pasada a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
En su moción, que se votará esta semana y a la que ha accedido Europa Press, el PP también quiere disponer de recursos financieros suficientes para desarrollar las infraestructuras vinculadas con el mundo agrario y alimentario, como el uso de recursos de los fondos europeos.
Asimismo, los populares plantean promocionar el papel de la agricultura «como uno de los principales aliados» en la lucha contra el cambio climático, pues consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez ve al sector como «enemigo» cuando el campo tiene capacidad para absorber el carbono de la atmósfera y mitigar los efectos de la crisis climática.
La iniciativa del PP incluye a su vez un punto para dotar al sector agroalimentario de nuevos y más eficaces instrumentos que refuercen su carácter estratégico esencial, así como reforzar el futuro de la producción agraria y de la industria alimentaria, como forma de garantizar la seguridad alimentaria, el suministro a los mercados y el acceso de la población a una alimentación «suficiente, garantizada y de calidad».
PIDEN UN PACTO NACIONAL DEL AGUA
Por último, el Grupo Popular insta al Gobierno a iniciar las actuaciones para desarrollar un Pacto Nacional del Agua «desde el diálogo y el consenso, con participación de todas las comunidades autónomas y los sectores afectados, y con vocación de aportar soluciones en toda España».
La idea del PP es que esas actuaciones incluyan las inversiones en infraestructuras que garanticen la disponibilidad de agua para hacer frente a sequías, altas temperaturas y el control de inundaciones, así como modernizar regadíos.
