PP Madrid espera que se «depuren responsabilidades» en el juicio del Campus de la Justicia y reivindica el proyecto
PSOE pide contundencia, Más Madrid no augura «nada bueno» del proceso y Vox reclama «rigurosidad» para el nuevo proyecto
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, espera que se «depuren las responsabilidades que haya que depurar» en el juicio que arranca este lunes en la Audiencia Nacional por las irregularidades en la adjudicación de contratos cometidas en el marco del Campus de la Justicia y ha reivindicado el objetivo de concentrar las sedes judiciales.
En este proceso se procesa al ex consejero popular de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otros cinco encausados, incluido el comisario Andrés Gómez Gordo. Se estiman delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.
Los investigados, liderados por Prada, se habrían puesto «de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaborando un plan criminal y poniendo en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo».
Díaz-Pache ha recordado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que este proceso judicial parte de una denuncia de la Comunidad de Madrid que «de persona en la causa». Sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia promovido ahora por el Ejecutivo actual, ha apuntado que el pliego del proyecto para concentrar 26 sedes judiciales «sigue vivo» y se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Por su parte, la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha apuntado que desde la formación «no se augura nada bueno» porque «se negó» lo que el partido puso «sobre la mesa para que este proceso fuera realmente bueno e incluyera a más actores implicados».
El socialista Juan Lobato espera «contundencia» y que se actúe con «toda su fuerza» para poder conocer «hasta el último milímetro» de las decisiones políticas tomadas. Ha afeado que este proyecto haya costado a los madrileños «algunos cientos de millones de euros». «Que se juzgue como se tiene que juzgar a todos los responsables políticos del PP de este desastre de gestión y de estas toma de decisiones que se produjeron en lo referente a la ciudad de la justicia», ha reclamado.
Por último, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha evitado opinar sobre el proceso judicial, pero lo que ha pedido es que el nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia esté «correctamente tramitado» y que sea «riguroso».
HASTA 13 AÑOS DE CÁRCEL
La Fiscalía Anticorrupción acusó a los seis procesados de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, reclamando 8 años de cárcel para Prada y 6 años para los demás, aunque de forma alternativa propuso juzgarlos por delitos continuados de prevaricación y fraude, por los que interesó 4 años y 6 meses de prisión para el ex consejero y tres años para el resto.
Por su parte, la Abogacía de la Comunidad de Madrid apuntó a delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación cualificada de caudales públicos.
En el caso de los servicios jurídicos de Madrid, plantearon penas más altas. Así, interesaron 13 años y 3 meses de cárcel para Prada; 11 años para los directivos; y 2 años y 3 meses para García de Castro, al que achacaron solo delitos continuados de prevaricación administrativa y fraude a las administraciones públicas.
En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público dejó en manos del Tribunal de Cuentas fijar la cuantía una vez dictada la sentencia del caso, si bien la Abogacía de la Comunidad de Madrid exigió una indemnización conjunta y solidaria por el importe total de los contratos que se habrían adjudicado ilegalmente en perjuicio de las arcas regionales: 40.482.735,78 euros.
En el marco de este juicio, que se extenderá previsiblemente por 12 días en la sede de San Fernando de Henares, deberá declarar en calidad de testigo la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Así constaba en una diligencia de ordenación de 2023 emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Penal.
