PP lanza una comisión de estudio en la Asamblea de Madrid sobre el cupo catalán y la condonación de la deuda

Critican la «mentira» de la quita de deuda y censuran que Fuenlabrada o Móstoles paguen «el alquiler de Moncloa» a Sánchez

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ha registrado una comisión de estudio sobre las consecuencias para los madrileños de la condonación de la deuda y el cupo catalán.

Así lo ha trasladado el portavoz, Carlos Díaz-Pache, a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara, donde ha indicado que quieren conocer «con detalle y con rigor» las consecuencias que va a tener para Madrid el acuerdo entre ERC y PSC «que pretende un sistema de financiación propio para Cataluña».

«Igual que esta condonación de la deuda, que no hace desaparecer la deuda autonómica, sino que la reparte entre todos los españoles y por tanto los vecinos de Fuenlabrada, de Móstoles o de Alcorcón tendrán que pagar este alquiler de la Moncloa tan caro que nos está cobrando Pedro Sánchez.», ha planteado Díaz-Pache.

El PP ha dado este paso un día después de que el Gobierno central anunciase la asunción de 83.252 millones de euros de las comunidades autónomas por parte del Estado, entre los que figurarían según el Ejecutivo nacional 8.644 millones de la deuda de la Comunidad de Madrid.

Díaz-Pache ha tachado de «mentira» que se vaya a quitar deuda, sino que lo que se va a hacer es convertir la deuda autonómica en nacional. «Repartimos la deuda entre todos», ha reprochado el portavoz, quien ha sacado pecho de que Madrid «no tiene ninguna deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)» porque pudo financiarse en los mercados «dando más estabilidad y rigor» a sus cuentas.

«En este caso se hace específicamente por Cataluña, solo por intereses políticos del gobierno por mantenerse en la Moncloa. Entonces esos millones que quieren repartir entre todos los españoles supondrían una cantidad para cada habitante de la Comunidad de Madrid que no estamos dispuestos a pagar», ha lanzado.

SEIS MESES DE COMISIÓN

Según figura en el texto registrado por los populares , al que ha tenido acceso Europa Press, el objetivo de la comisión es el «análisis de las consecuencias que tendrá para los madrileños el llamado Acuerdo bilateral del concierto singular de Cataluña » y plantea que dure seis meses. Fuentes populares han explicado a Europa Press que prevén que su creación se apruebe en el segundo Pleno de este mes de marzo.

Díaz-Pache ha sostenido que al «desaparecer» la Agencia Tributaria española de Cataluña se perderán «2.000 millones de euros de reparto de solidaridad interterritorial» al tiempo que el Estado perderá «parcial o totalmente los 30.000 millones de euros» que puede recaudar en este territorio.

Preguntado por los perfiles que podrían acudir, el popular ha puesto sobre la mesa a expertos en Derecho Constitucional inspectores de Hacienda, expertos fiscalistas o técnicos del Estado. «Tras las personas que puedan contarnos el detalle de lo que pretenden con este nuevo sistema y el impacto económico y social que puede tener también esto en Madrid», ha resumido.

«AMENAZA LA NACIÓN»

El PP carga en el escrito de registro de la comisión contra la «amenaza a la nación» que a sus ojos supone el acuerdo de la «negociación bilaterial» de Cataluña con el Estado que formaba parte del acuerdo entre PSC y ERC para la investidura como president de la Generalitat de Salvador Illa.

Asimismo, censura la Agencia Tributaria de Cataluña que podría «gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos soportados» en esta autonomía.

«Para consumar este plan el Gobierno central efectúa una modificación constitucional por la puerta de atrás», añade, criticando a continuación los «importantes problemas jurídicos y desafíos en materia constitucional» y de financiación de las autonomías.

Sostiene que tanto los madrileños, como el resto de los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas, se verán «perjudicados por este acuerdo, porque los mecanismos que financiarán los servicios públicos dejarán de respetar los principios de igualdad y solidaridad que han regido esta materia en la España constitucional desde 1978».

Al hilo , afirman que un concierto para Cataluña sería «tentar contra el Estado de Derecho» si no se articula con el respaldo constitucional, ya que la Carta Magna solo contempla los del País Vasco y Navarra.