PP alerta del «dedazo» en la adjudicación de transporte sanitario en Extremadura por 39 millones y pide investigar
MÉRIDA, 27
El Grupo Parlamentario Popular ha alertado este miércoles del «dedazo» que a su juicio se ha producido en la adjudicación, a través de procedimiento de emergencia, del contrato del transporte sanitario terrestre en Extremadura por valor de 39 millones de euros.
Un contrato que se ha adjudicado a una empresa que fue constituida «meses antes», en septiembre de 2021 con un capital social de 5.000 euros, ante lo que el Grupo Popular ha solicitado este miércoles la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura sobre este contrato y los realizados por el procedimiento de emergencia desde marzo de 2020, cuando se inició la pandemia.
Así lo ha asegurado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, en la que ha considerado «una auténtica barbaridad» esta adjudicación, sobre la que ha preguntado «¿dónde está la justificación?» de realizar este contrato por el procedimiento de emergencia una vez pasada la sexta ola del coronavirus.
«¿Arreglamos un tenoriazo con un dedazo sin precedentes?», ha preguntado Teniente, quien ha señalado que «la emergencia es quitar al señor Vergeles ante esta vergüenza de contratación», sobre la que esta comisión de investigación pretende «alejar sombras de dudas en la contratación pública de emergencia, porque no han sido contestadas en el Parlamento».
PREGUNTA POR LA JUSTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL CONTRATO
En ese sentido, Teniente ha preguntado «¿dónde se justifica la emergencia?» para adjudicar este contrato sin concurrencia, algo que ha tachado de «abuso» además de por la cuantía, ya que «son casi 40 millones de euros a dedo», sino también «por lo que significa el contrato en sí, ya que es el servicio de transporte sanitario terrestre en nuestra tierra», ha apuntado.
«¿Dónde está la solvencia técnica de una empresa que estaba constituida muy pocos meses antes de su adjudicación? ¿En manos de quiénes vamos a poner el servicio?», ha planteado la portavoz del Grupo Popular, quien ha añadido que la empresa adjudicataria «no tenía autorización de tarjeta de transporte a la fecha de su adjudicación», y además «no estaba registrada en el registro de servicios y centros sanitarios», ha dicho.
Por todo ello, Cristina Teniente ha planteado «cómo se puede explicar una cosa así, con un contrato de emergencia», tras lo que ha lamentado la «falta de transparencia y de ejemplaridad» que afecta a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
Por eso, a través de esta petición de Comisión de Investigación se reclaman «explicaciones claras y respuestas contundentes» sobre los contratos de emergencia realizados por la Junta de Extremadura desde que se inició la pandemia en marzo de 2020.
Así, Teniente ha entendido que la pandemia supuso una situación excepcional que obligó a las administraciones «a formalizar miles de contratos por el procedimiento de emergencia», pero también ha considerado que «estos contratos no pueden estar exentos de fiscalización», ya que «el uso de una vía rápida no es licencia para saltarse los principios básicos que deben regir la contratación».
MÁS DE 500 CONTRATOS DE EMERGENCIA
Según los datos aportados por la portavoz del Grupo Popular, desde sea fecha se han realizado en la administración 522 contratos de emergencia que totalizan 176 millones de euros, de los que 408 de esos contratos son de suministro, en los que «se observan aspectos, al menos curiosos, que exigen una explicación».
Así, ha apuntado que se han realizado contratos de compra de mascarillas, que en «una diferencia de seis días se ha pasado de pagar un euro, a pagar 6,5 euros», así como batas de aislamiento que «se han pagado al doble con diez días de diferencia», ha señalado Teniente.
Por todo ello, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido que la Asamblea de Extremadura «no puede mirar para otro lado ante posibles circunstancias injustificadas, abusivas o situaciones contractuales de difícil explicación», ni tampoco puede «admitir que se normalice la vía de emergencia en situaciones en los que no se da ya esa excepcionalidad»
RESIDENCIAS MEDICALIZADAS
Por otra parte, el Grupo Popular también ha solicitado la comparecencia del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para informar sobre los «criterios objetivos y técnicos» del plan para la construcción y reforma de centros residenciales de mayores, dotado con 74 millones de euros.
Y es que, las ocho residencias medicalizadas se van a instalar en municipios gobernados por el PSOE: «Podría ser una coincidencia, pero las chinchetas son todas rojas», ha resaltado Teniente, quien ha preguntado por los criterios que han determinado su ubicación.
Así, ha puesto como ejemplo que una de las localidades que contará con una de estas residencias es Pescueza, una localidad de cien habitantes, tras lo que Teniente ha apuntado que «solo encuentra una razón, y es que el director gerente del Sepad es de Pescueza», ha dicho.
«Queremos escuchar los criterios técnicos de por qué se han quedado comarcas enteras sin cobertura, como Villuercas, Jara, Ibores o Montánchez, y tenemos un centro en el municipio del señor gerente del Sepad», ha señalado Teniente, quien ha considerado que «no es un reparto objetivo ni equitativo», de ahí que el PP haya pedido la comparecencia del consejero de Sanidad para que explique estos criterios.
