Policías y guardias civiles piden a Marlaska un «cambio de rumbo» ante la «incertidumbre» de pactos con independentistas

Las principales organizaciones representativas en la Policía Nacional y la Guardia Civil han pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un «cambio de rumbo» que mejore la interlocución en un contexto que la mayoría ve con «incertidumbre» por los pactos firmados por el PSOE con partidos independentistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Una de las críticas coincidentes es que, en estos cinco años en Interior, Grande-Marlaska no se ha sentado directamente con las organizaciones representativas. El SUP reclama que lo haga de forma inmediata para abordar una Ley de Retribuciones, como se pactó en el Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, para evitar las diferencias con policías autonómicas.

ESQUIZOFRÉNICA CESIÓN DE VÍA LAIETANA

«Le instamos a que frene la esquizofrénica decisión de ceder Vía Laietana a quienes calumnian a la Policía», ha añadido el SUP, en referencia a que el Gobierno en esta legislatura acepte que la sede de la Jefatura Superior en Barcelona –lugar de los disturbios al conocerse en 2019 la sentencia del procés — pase a ser un museo de la memoria de los represaliados del franquismo, como piden los partidos independentistas.

El SUP también quiere «reforzar el principio de autoridad» para evitar que las personas que agreden a los agentes no reciban castigo penal.

«Tiene la oportunidad en esta nueva etapa de revertir la inoperancia de la anterior, la cual calificamos de negativa», ha añadido este sindicato, que pide que atienda sus demandas en cuestiones como los dispositivos desplegados por la llegada de pateras a Canarias.

JUPOL ha reaccionado al anuncio de la continuidad de Grande-Marlaska, que se convertirá en breve en el ministro del Interior más longevo en democracia, reclamando al titular de esta cartera que se muestre «más dialogante y abra un tiempo de negociación para la mejora de las condiciones sociolaborales de los policías nacionales».

El sindicato rechaza por insuficiente el acuerdo de equiparación salarial que destinó 800 millones de euros a la mejora salarial de policías y guardias civiles y, como otras organizaciones, reclama una «jubilación digna» y ser reconocidos como profesión de riesgo, así como cambios en la jornada laboral.

SUPERVIVIENTE DEL QUE «NADA ESPERAMOS»

La CEP también ha criticado que continúe en Interior Grande-Marlaska, al que califican de «superviviente». «Nada esperamos de quien nada ha impulsado en estos años para mejorar los derechos profesionales de los policías», ha indicado.

«Ha salido airoso de todas las crisis de Gobierno y se perpetúa en el cargo pese a haber sido reiteradamente reprobado y criticado por partidos de todo el espectro parlamentario», ha continuado la CEP, que sostiene que Grande-Marlaska «está a crédito cero».

Desde la Guardia Civil, asociaciones como JUCIL han subrayado que defenderán «con todos los recursos y siempre dentro de la ley y el respeto a la Constitución» la estabilidad laboral y social de los guardias civiles y sus familias. Su portavoz fue recientemente expedientado, junto a dos miembros de APROGC, por las críticas vertidas a la ley de amnistía.

CRECIENTE INVOLUCIÓN EN LA GUARDIA CIVIL

JUCIL ve con «incertidumbre» los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez «ante la posible salida de la Guardia Civil de Cataluña y del País Vasco». En comparación con los Mossos d Esquadra y la Ertzaintza, sigue viendo un «retroceso» en lo referente a los sueldos y también afea que la petición de que Cataluña sea declarada Zona de Especial Singularidad haya quedado en «papel mojado».

Los guardias civiles que forman parte de AUGC también han abogado por un «cambio de rumbo» en Interior, con una «brecha significativa en la comunicación entre el Ministerio y las asociaciones representativas».

AUGC ha denunciado la «creciente involución» en los derechos de los guardias civiles y ha recordado la necesidad de cumplir íntegramente el acuerdo de equiparación salarial, así como permitir una jubilación digna, acabar con la aplicación del Código Penal Militar mientras se realizan funciones policiales o la declaración de zonas de especial singularidad, lo que implicaría incentivos.