SUP y AUGC llaman a la manifestación del 26 de noviembre en Madrid tras la reforma del Código Penal y la desatención a sus reivindicaciones

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han censurado este viernes que el Gobierno elimine el delito de sedición mientras sigue sin atender las reivindicaciones por las que han convocado una manifestación el 26 de noviembre. En su opinión, la propuesta «da alas» al independentismo para «reincidir con garantías de impunidad», tras «apedrear» y «dejar en entredicho» su labor para frenar el referéndum del 1-O.

«Una vez más estamos ante un incompresible giro de timón del Gobierno, una cesión y una concesión totalmente fuera de lugar en los momentos actuales», ha denunciado en declaraciones a Europa Press Mónica Gracia, secretaria general del SUP.

Mónica Gracia lamenta la «sensación de desamparo institucional» al confirmar que, después de los indultos y esta modificación jurídica, «se apedrea el trabajo de miles de compañeros, y máxime cuando una reivindicación histórica como es la declaración de especial singularidad para Cataluña no avanza».

EN ENTREDICHO EL TRABAJO POLICIAL Y JUDICIAL

Pedro Carmona, portavoz de AUGC, sostiene que, si finalmente se modifica la tipología penal por la que fueron condenados los líderes del procés , se estará abriendo la puerta para su beneficio personal ante las penas e inhabilitaciones impuestas por Tribunal Supremo. «Todo el trabajo policial y judicial quedaría en entredicho», ha sostenido.

La secretaria general del SUP entiende que la eliminación del delito de sedición con el que fueron condenados los líderes del procés lo que consigue es que «se diluya la parte coercitiva» de su labor preventiva. «Nos aleja del objetivo de Una España segura», ha apuntado antes de subrayar que manda «al garete la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana».

«¿Cómo se explica esto a los compañeros heridos, a los que se han visto abocados a la jubilación destrozando a su familia tras aquellos días en los que la Policía era el único recurso para apagar aquel incendio?», se ha preguntado la dirigente del SUP en referencia a la actuación para frenar el 1-O.

«Generan la sensación de que la tienes que liar y ser un alterador de la convivencia y la paz pública, como hace el independentismo, para lograr beneficios», ha continuado Gracia en declaraciones a Europa Press.

FACILIDADES PARA UNA NUEVA DECLARACIÓN UNILATERAL

El portavoz de la asociación de guardias civiles hace hincapié en que los líderes independentistas cometieron «hechos muy graves infringiendo el Código Penal y poniendo en jaque a un Estado de derecho donde policías y guardias civiles tuvieron que desempeñar un gran papel y afrontar un gran trabajo para frenar las aspiraciones independentistas».

«Si esta modificación se llegará a producir, desde luego que se les abriría una nueva puerta para seguir justificando que aquellos hechos no fueron ilegales y se les abriría la posibilidad de volver a plantear una nueva declaración unilateral de independencia», añade Carmona.

Carmona alude a la justificación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suprimir el delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados para adaptarse al resto de países europeos, aunque sigue viendo un «problema» acabar con la aplicación del Código Penal Militar para los guardias civiles, una reivindicación histórica de AUGC.

«Cada día hay una nueva acción por parte de este Gobierno y de su Ministerio del Interior para dejar a sus policías y guardias civiles desprovistos de los más esenciales recursos», ha lamentado Gracia.

MANIFESTACIÓN EN MADRID EL DÍA 26

En este sentido, ambas organizaciones apuntan a los motivos por los que han convocado una manifestación junto a AUGC el 26 de noviembre: «Los ciudadanos saben que los Mossos tiene acceso a la jubilación anticipada y la Policía Nacional no, son conocedores de que su salario es superior al nuestro y este Gobierno no quiere materializar el acuerdo de Equiparación Salarial, y ha votado en contra del desarrollo de una ley de retribuciones con la cual se pondría coto a esa injusticia».

Estas dos organizaciones ven «inaplazable» que policías y guardias civiles tengan «una jornada laboral digna de 35 horas semanales y con turnos fijos». «Los agentes no podemos quedar excluidos del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI firmado entre el propio Gobierno de Sánchez y los principales sindicatos», han dicho.

«Otro conflicto que no está resuelto es el de la equiparación salarial», señalan SUP y AUGC, firmantes del acuerdo de 2018 por el que se aprobó la subida salarial con un montante total de 800 millones de euros. En concreto, denuncian que no se han cumplido todas las cláusulas del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018.

Sus reivindicaciones apuntan también a la edad de jubilación y a la reclasificación de las Escalas Básicas para que queden integrados en un grupo superior, el B.