Podemos y socios del Gobierno piden que el Congreso investigue la tragedia de Melilla, tras el reportaje de la BBC

Reclaman aclarar por qué hubo devoluciones en caliente y la pasividad de la Policía ante la entrada de agentes marroquíes

Unidas Podemos y socios parlamentarios del Gobierno han vuelto a sumar fuerzas para intentar que el Congreso abra una comisión de investigación sobre la tragedia del salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio, en el que murieron una treintena de migrantes.

El pasado mes de julio Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís y el BNG ya pidieron una comisión de investigación sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en la frontera de España con Marruecos en Ceuta y Melilla.

PSOE Y PP LA FRENARON EN SEPTIEMBRE

Pero ya en septiembre el PSOE, con el apoyo del PP, rechazó en la Junta de Portavoces que el Pleno debatiera la apertura de esa investigación. Eso sí, los socialistas no pudieron evitar que se llamara a comparecer al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el Pleno del Congreso y se remitieron a esas explicaciones dando por innecesaria una comisión específica sobre lo sucedido.

Ahora, tras el documental de la BBC que cuestiona la versión oficial que se ofreció sobre los fallecimientos de este día, estas formaciones han vuelto a registrar su petición de comisión de investigación y han sumado las firmas de Junts, el PDeCAT y la CUP.

AHORA EL PP NO DESCARTA APOYARLA

Diferentes miembros del socio minoritario del Ejecutivo han venido insistiendo en que estos hechos son graves y deben esclarecerse y este miércoles la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, no descartó que su formación acabe apoyando la investigación.

No obstante, el PP quiere escuchar antes las explicaciones de Marlaska en sede parlamentaria y poder visionar las imágenes rodadas aquel día por las cámaras del perímetro fronterizo.

En el texto que han registrado, recogido por Europa Press, los grupos partidarios de la investigación destacan que el reportaje de BBC ha puesto de manifiesto que las explicaciones ofrecidas por el Ministerio del Interior «podrían ser cuestionadas tras el análisis de nuevos videos e imágenes» y que, a tenor del visionado de los mismos, «podría considerarse que varias de las muertes se produjeronen territorio español».

También aluden a los cálculos del Defensor del Pueblo, que ha contabilizado que se produjeron unos 470 «rechazos en frontera», una práctica que «conllevaría un incumplimiento de varias previsiones legales, tanto nacionales como internacionales».

Asimismo, destacan que la institución que dirige Ángel Gabilondo sostiene que «el Ministerio de Interior, a pesar de haberse comprometido a una investigación interna y a la mayor transparenciapara el esclarecimiento de los hechos» no ha «facilitado la totalidad de las imágenes grabadas en el perímetro de la valla».

IDENTIFICAR A LAS VÍCTIMAS

Estas formaciones, que apuntan que tanto Naciones Unidas como la Unión Africana y numerosas ONG han pedido que se investigue lo sucedido, quieren que la comisión certifique el número de fallecidos y heridos y los identifique.

Otro de los objetivos que persiguen es que se analicen «las actuaciones realizadas por las autoridades competentes en materia forense en cada caso» y el soporte médico, psicológico y legal prestado a quienes fueron acogidos en el Centro de estancia temporal de migrantes (CETI) de Melilla tras los hechos.

La comisión debería analizar también «la justificación y proporción de la fuerza utilizada por las Fuerzas de Seguridad enla frontera, su coordinación de actuación con la Gendarmería marroquí, su compatibilidad con el cumplimiento de los Derechos Humanos», la «pasividad» de los agentes de la Policía Nacional ante la incursión de agentes marroquíes «para detener a personas que se encontraban» y que, según los firmantes de la iniciativa, «permitió que pudieran ser devueltas a territorio marroquí, contraviniendo la legislación internacional».

Otro de los objetivos es que se determine si las actuaciones de vigilancia de fronteras realizadas por la gendarmeríamarroquí «fueron financiadas por el Ministerio del Interior y por otros ministerios», con detalle de las subvenciones y fondos transferidos, así como la existencia o no de mecanismos de prevención de respeto de los Derechos Humanos que condicionan la transferencia de dichos fondos.

Finalmente, este órgano debería servir para detectar «todos aquellos elementos necesarios para planificar políticas de reparación, prevención y la atención a las víctimas» y, en especial, «para garantizar que las políticas de gestión de protección de las fronteras se realicen en aplicación de protocolos que garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos».