Podemos reclama al Gobierno que regule criterios mínimos para que los bancos garanticen mejor atención presencial

También exhorta a que la administración pública preserve esa atención presencial, compatible con el avance de los formatos digitales

Unidas Podemos reclama al Gobierno que fije, dentro de sus competencias estatales, unas «exigencias mínimas» para que bancos y compañías eléctricas habiliten una mejor atención presencial a la ciudadanía, con especial atención a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

También exhorta al desarrollo de medidas que garanticen preserve la vía presencial en los servicios que presta la administración pública, con reformas que garanticen su despliegue en coordinación con las comunidades autónomas.

Así lo plantea en una proposición no de ley, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, registrada por las diputadas de En Comú Podem Aina Vidal y Laura López para instar a establecer un marco que deban cumplir entidades bancarias o empresas que aporten suministros básicos (agua, gas o electricidad) en la habilitación de la atención presencial.

La propuesta del espacio confederal llega al Congreso tras la campaña promovida por un anciano de 78 años para, bajo el lema Soy mayor, no idiota , recoger firmas para pedir a los bancos un mejor trato, dado que muchas de las gestiones actuales son telemáticas.

«BRECHA DIGITAL»

En la argumentación de la iniciativa, ambas parlamentarias recalcan que casi 20 millones de españoles no poseen competencias digitales «básicas» y un 8% de la población «jamás se ha conectado a internet». A ello se suma que casi un 35% de los españoles no sabe cómo comunicarse con las administraciones públicas por medios electrónicos al no tener los conocimientos necesarios, según los datos del INE del 2020.

Además, inciden en que uno de los factores que genera «más desigualdad es la edad», donde el índice de competencias digitales en el tramo entre 56 y 65 años es del solo un 8,52, reduciéndose al 5,62 en los mayores de 65.

Por tanto, ahondan que la «brecha digital» que afecta a muchos segmentos de la población es «un hecho» y afecta «directamente» a derechos básicos recogidos en la Constitución, en su artículo 103 que establece la obligación de las administraciones públicas de prestar un servicio acorde a los intereses generales, desde los criterios de eficacia.

Un principio que se desarrolla además en la Ley Ley 39/2015 que regula los procedimientos en las administraciones públicas, con cauces que adecuen eficacia y «salvaguarda de los derechos de losciudadanos y las empresas», que deben ejercerse en condiciones básicas de «igualdad en cualquier parte del territorio». Además, el reglamento de funcionamiento del sector público alude al principio de accesibilidad.

«La brecha digital, por tanto, constituye una vulneración de la igualdad promulgada en la Constitución, así como del derecho de petición, si esa petición sólo puede encauzarse de manera adecuada de forma digital», razona la proposición no de ley.

Tras hacer mención al marco europeo y nacional de protección al consumidor, las dos diputadas reivindican el derecho de las personas a que las instituciones aborden sus asuntos «dentro de un plazorazonable».

AVANZAR PERO SIN «DEJAR A NADIE ATRÁS»

Sin embargo, alegan que el problema se acentúa «cuando las administraciones públicas experimentan un cambio de paradigma en lo que atañe a la atención al público de manera presencial, donde se evidencia una situación de coexistencia entre las dos víasde atención y relación –digital y presencial– entre la Administración pública y la ciudadanía, aunque «de manera profundamente desigual entre una y otra».

El espacio confederal resalta como evidente que el avance de la administración electrónica genera «múltiples beneficios» y es también un derecho, pero «también deja atrás a muchas personas que necesitan realizar sus gestiones» de manera presencial a causa «de la ausencia de competencias digitales determinada por factores de edad, de situación socioeconómica o de género».

Por tanto, defiende que mientras se avanza en esa modernización, hace falta disponer de eficaces para garantizar el acceso en igualdad de todos los servicios, pues la ciudadanía «tiene derecho a relacionarse con la administración, ya sea de manera personalizada o digital, y de ningún modo queda obligada a hacerlo de la segunda forma».

«Pero si, en una situación como es una pandemia, la atención personalizada y presencial queda colapsada e imposibilitada, y solo queda la vía digital, es evidente que o se establecen mecanismos para garantizar el acceso a esa relación o se estará incurriendo, día tras día, a la vulneración de los derechos de la ciudadanía», zanjan ambas parlamentaria.