Podemos rechaza los planes de extender el sistema de pago en todas las autovías: «Es un impuesto a las clases medias»
Unidas Podemos ha mostrado su oposición a los planes que baraja el Gobierno de fijar 2024 como fecha en la que se podrían implantar el sistema de pago por uso de las carreteras de red del estado, al entender que es un «impuesto a las clases medias», según han trasladado a Europa Press fuentes de la formación.
Según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, el horizonte de 2024 es la posible fecha para aplicar el modelo de peaje en la red estatal, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: «quien contamina paga» y «el que usa paga».
Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de «concienciación y sensibilización» sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida. Sin embargo, este planteamiento ha sido criticado por Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, por ser una medida que afecta a las clases medias del país.
Mientras, el diputado de Unidas Podemos en el Congreso Antón Gómez-Reino, ha asegurado que «no es el mejor momento» para plantear el debate de cara a extender peajes a la red viaria estatal.
En declaraciones a los medios de tras interponer una denuncia por amenazas en la comisaría de Policía de la Cámara Baja, Gómez-Reino ha detallado que su formación política ha sido en diversas ocasiones «clara» en su posicionamiento sobre este tipo de medidas.
Por ejemplo, ha subrayado que, antes de hablar del futuro, hay que «solventar el pasado» para señalar que, en el caso de Galicia, está el caso de la AP-9, cuyo peaje es la «más caro del estado español» con el modelo de concesión que impulsó el PP en los tiempos del Gobierno de José María Aznar.
«Es evidente que el marco europeo está sugiriendo medidas y directivas al respecto. Nosotros creemos que no es probablemente el mejor momento para abrir este tipo de cuestión y, en todo caso, entendemos que lo que se manda en el documento, en principio, es la apertura del debate público y ese debate público se tendrá que dar en el Gobierno y también en la sociedad y en la cámara (en alusión al Congreso), ha apostillado.
