Podemos propone un consejo de información veraz que pueda inhabilitar del periodismo a quien difunda fake news

También comportaría pérdida de licencia para el medio en casos graves y reservar un tercio del espacio audiovisual a medios comunitarios

Podemos plantea la creación de un Consejo Defensor del Derecho a la Información Veraz , un órgano «emanado del poder popular para poner límites a los desmanes del poder mediático», y cuya función sería detectar fake news y fijar un catálogo de medios y periodistas que difundan de forma reiterada información falsa.

Además, ese órgano estaría facultado a disponer de régimen sancionador, que podría derivar en los casos más graves por verter fake news a la inhabilitación para ejercer el periodismo o retiradas de licencias.

También propone crear una Ley de Medios que reserve un tercio del espacio audiovisual para medios comunitarios sin ánimo de lucro, impedir a que bancos o energéticas alcancen el 10% de la propiedad de una empresa periodística y que ninguna empresa pueda controlar un conglomerado mediático que exceda el 25% de la audiencia estatal.

Así lo trasladará la formación morada en un documento de propuestas de regeneración democrática, al que ha tenido acceso Europa Press, que entregará este lunes al Gobierno, en el marco de las reuniones con grupos parlamentarios que realizarán a cabo el ministro de Justicia, Félix Bolaños (PSOE), y su homólogo en Cultura, Ernest Urtasun (Sumar).

En el apartado mediático, el documento de Podemos aboga por el despliegue de una Ley de Medios para conseguir la «ruptura de la situación de oligopolio» en el sector y basada en la «regla de los tres tercios». Es decir, que se reserve un tercio del espacio televisivo y radiofónico a medios públicos, otro tercio al sector privado y el otro restante a medios comunitarios sin ánimo de lucro, que serían propiedad de cooperativas, sindicatos, asociaciones de vecinos o agrupación de ciudadanos.

La propuesta de Podemos fija que la distribución de publicidad institucional deberá ser llevada a cabo de forma obligatoria, basándose en parámetros objetivos de audiencia y con criterios de discriminación positiva de los medios comunitarios y los medios privados independientes.

Además, y «muy especialmente» en el periodo transitorio hasta el establecimiento definitivo de los tres tercios, se fijarán importantes limitaciones a la propiedad de los medios de comunicación privados.

En este sentido, pauta que la participaciones extranjeras en cualquier medio debe ser inferior al 10%, al igual que en el caso de empresas de sectores como la banca, la energía, la alimentación, telecomunicaciones, sanidad, defensa o la construcción.

A su vez, estipula que ninguna empresa podrá ser propietaria de un conjunto de medios de comunicación que, en un determinado ámbito (televisión, radio, prensa digital, diarios en papel), suponga más del 25% de la audiencia en el ámbito estatal o más del 35 % en cualquier ámbito autonómico.

«Si la empresa en cuestión posee medios de comunicación en dos de los cuatro ámbitos, los umbrales máximos permitidos serán del 20% y del 30%, respectivamente. Si posee medios en tres de los cuatro ámbitos, los umbrales serán del 15% y del 25%», ahonda el documento de Podemos que fija como sanción ante cualquier intento de defraudar el contenido de dicha ley la pérdida de toda licencia de comunicación durante al menos cinco años.

CONSEJO ELEGIDO CADA CINCO AÑOS

Otra petición de los morados es desplegar un Consejo Defensor del Derecho a la Información Veraz, que sería elegido cada cinco años directamente por las urnas (mediante candidaturas formadas exclusivamente por periodistas en activo) y que coincidirá con la celebración de las elecciones europeas.

Este órgano estaría conformado por 50 personas y el método de elección sería idéntico al de las elecciones europeas: D Hondt y circunscripción única.

Dentro de sus facultades, según el planteamiento de Podemos, estarían la implementación de las reglas antimonopolio contempladas en la Ley de Medios, mantener un «un repositorio público» en el que la ciudadanía pueda comprobar la estructura de propiedad de los diferentes medios de comunicación y las fuentes de publicidad institucional, la «detección de noticias falsas» y el obligar a una rectificación de las mismas, bajo «amenaza» de sanción.

LEY PARA COMPROBAR SI PRESENTADORES TIENEN CONFLICTO DE INTERESES

En este apartado, sería su competencia fijar un catálogo público de medios y periodistas que publican de forma reiterada noticias falsas e implementar sanciones a esta práctica, como la prohibición de recibir publicidad institucional de cualquier fuente o incluso de la retirada de licencias (o la inhabilitación para ejercer el periodismo si hablamos de periodistas individuales) en casos de infracciones muy graves y reiteradas.

Por otro lado, la formación morada demanda aprobar una Ley de Transparencia sobre los intereses económicos de personas con «alto poder mediático», que de forma análoga a como pasa con los cargos públicos se pueda ver si hay intereses económicos que «pueden condicionar» las líneas editoriales. Esta posible normativa iría dirigida a los presentadores de programas con algún contenido político y los directores de esos espacios.

Junto a los miembros de los consejos de dirección y propietarios de los medios, tendrían la obligación legal de publicar sus participaciones en cualquier tipo de sociedades, cotizadas o no, especificando la actividad económica que desarrollan e incluyendo muy especialmente empresas que trabajan en sectores estratégicos.