Podemos pide al PSOE penas de 10 años de cárcel para directivos de grandes empresas que repercutan impuestos a clientes

Considera que así se evitará que las eléctricas y la banca trasladen el impacto a la ciudadanía del nuevo impuesto extraordinario

Unidas Podemos ha remitido al PSOE su propuesta para crear un nuevo delito fiscal para las eléctricas y entidades financieras que repercutan subidas de impuestos a los consumidores, que contempla penas de hasta diez años de prisión para los directivos que incurran en esta práctica.

Concretamente, la formación estipula un nuevo artículo, el 284 bis del Código Penal, que estipula un castigo de uno a cinco años de prisión, y una multa de 12 a 24 meses, para los administradores de grandes compañías de servicios y bienes de primera necesidad, que alteren precios de venta a los clientes para trasladar la carga de modificaciones tributarias que afecten a su actividad económica.

Es más, incluye un agravante para el caso de entidades que operen en sectores estratégicos de la economía nacional y cuando la conducta afecte «gravemente» al interés general, que eleva la pena de prisión de dos a diez años, al igual que la multa económica, que sube de dos a cinco años.

Según ha indicado a los medios en el Congreso el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, su socio de coalición ya cuenta con su planteamiento para crear este nuevo tipo penal por repercusión de impuestos a los clientes, que amplía las características que ya incluye el Código Penal en relativo a la conducta delictiva de alteración «artificial» de precios.

El objetivo es evitar que las eléctricas, la banca o las petroleras puedan derivar a sus clientes el impacto de fiscal de la subida extraordinaria de impuestos anunciada por el Gobierno. Ahora está en manos del PSOE valorar si esa propuesta se incluye en la proposición de ley que registrarán en el Congreso.

SUBIR LAS MULTAS

El planteamiento del grupo confederal, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge también la modificación del artículo 288 del Código Penal, que despliega las sanciones económicas a los posibles compañías condenadas por esta práctica.

Así, contempla multas del doble al cuádruple del beneficio obtenido si el delito lo comete una persona física a la que se achaque un delito que tenga prevista una pena de prisión de más de dos años. La sanción sería del doble al triple del beneficio obtenido, favorecido o que se hubiera podido obtener, en el resto de los casos.

Cuando la multa sea de dos a cinco años, la cuantía será del triple al quíntuple de la ganancia obtenida o que se hubiere podido lograr si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el delito cometido por la persona física y la pena sea de más de dos años de privación de libertad. Para el resto de los casos, habrá sanciones de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio logrado.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, avanzó esta petición dirigida al PSOE, dado que el Ejecutivo debe demostrar «mano dura» con las grandes corporaciones que quieran repercutir impuestos a los consumidores.

«Mandaríamos el mensaje correcto de que no se va a tolerar ningún tipo de ataque ni abuso al interés general y que vamos a proteger a la ciudadanía, cueste lo que cueste, en los momentos más difíciles», explicó el martes durante los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.