Podemos pedirá en el Congreso una moratoria que recorte un 80% del agua a las macrogranjas por la sequía
Desgrana que no es casual que Cataluña sea una región afectada pr la escasez de agua cuando Casa Tarradellas tiene 23 macrogranjas
Podemos registrará una proposición no de ley en el Congreso que insta a aplicar una moratoria a macrogranjas y explotaciones agrícolas hiperintensivas, que implique reducir el 80% del consumo de agua en estas superficie en regiones como Cataluña.
Así lo ha destallado en rueda de prensa el nuevo secretario de Organización Pablo Fernández, para desgranar que no es causal que Cataluña sea una de las regiones más afectadas por la escasez de agua, dado que tiene junto a Aragón una mayor carga de ganadería intensiva.
«No se puede pedir a la ciudadanía que se deje de duchar o que no consuma agua cuando, por ejemplo, en Cataluña Casa Tarradellas tiene 23 macrogranjas», ha lanzado para reivindicar que la gestión del agua debe seguir criterios de gestión social.
De esta forma, Fernández ha manifestado que su iniciativa parlamentario supone desplegar un «escudo social» que suponga una moratoria consistente en un recorte de consumo de agua del 80% a regadíos hiperintensivos y macrogranjas, en manos de «fondos buitre».
En dicha moratoria, según ha explicado, debería extenderse también a la apertura de nuevos regadíos ordinarios en cuencas afectadas habitualmente por la sequía, así como al control de suministros a aquellos regadíos ya existentes exceptuando la ganadería familiar y explotaciones pequeñas y medianas.
«Somos conscientes de que hay que reducir el consumo de agua, pero ese esfuerzo lo tiene que hacer quien más tienen, los fondos buitre y las grandes multinacionales extractivas que se están haciendo con el campo español, que están expulsando a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos y que además están provocando un daño irreparable a nuestro medio ambiente con ese consumo exorbitado de agua que hay que limitar», ha zanjado.
También ha reclamado hacer permanente y duplicar el impuesto a la banca, sector que ha ganó el año pasado «más que nunca» al superar los 26.000 millones de beneficio, un 26% más que en el año 2022. En sus operaciones en España la ganancia, ha disertado, fue de 11.428 millones de euros, una subida del 52% más que en 2022.
«Hay que cumplir con la Constitución con su artículo 31 que consagra el principio de progresividad fiscal, que dice algo tan sencillo como que quien más tiene también tiene que aportar más por eso queremos duplicar el impuesto a la banca y hacerlo estructural y permanente porque no puede haber justicia social sin justicia fiscal», ha zanjado.
