Podemos muestra preocupación por el pacto PSOE y Junts y avanza rechazo a cualquier ley que reduzca derechos a migrantes

Podemos ha expresado su preocupación por las repercusiones del acuerdo entre PSOE y Junts en materia migratoria y ha dejado claro que su formación votará en contra en el Congreso a cualquier proyecto de ley que implique retrocesos en los derechos del colectivo.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el coportavoz del partido, Javier Sánchez Serna, en relación a la postura de Podemos ante el pacto entre socialistas y la formación catalana, a cambio de la abstención de Junts a los primeros decretos del Ejecutivo.

De esta forma y más allá de cuestiones competenciales, el también diputado en el Congreso ha mostrado la preocupación de su partido de que ese acuerdo se utilice para un discurso «antiinmigración», un espectro donde encuadra a Junts e incluso a algunos sectores del PSOE.

«Queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos políticos para que se hagan discursos respetuosos con los derechos humanos y que se sitúe el problema donde realmente está, es decir, en las políticas económicas que enfrentan al penúltimo contra el último y en las políticas estructurales racistas, que también muchas veces se dan desde las administraciones y que se lo ponen muy difícil a las personas migrantes», ha sentenciado el dirigente de Podemos.

EL GOBIERNO SUSPENDE EN POLÍTICA MIGRATORIA

También ha asegurado que es un asunto de «ética política» dejar de señalar a la migración en asuntos de seguridad y apostar por las políticas para garantizar los derechos humanos, sobre todo cuando hay más de 6.600 personas que murieron en las costas intentando llegar al país.

«Este gobierno está suspendiendo en política migratoria y, desde luego, los discursos que hemos visto esta semana no apuntan en la buena dirección», ha afirmado Sánchez Serna.

Por tanto, ha dejado claro que no van a votar a favor de ningún decreto o de ninguna ley que «restrinja» los derechos de las personas migrantes, sino que su postura es la contraria y tendente sobre todo a garantizar sus derechos, habilitar vías seguridad de entrada y potenciar los mecanismos de acogida de personas refugiadas.

«En último término lo que estamos planteando es que la política migratoria en nuestro país tiene que dar un giro de 180 grados para abandonar esas políticas estructurales en muchos casos racistas y que no reconocen esos derechos a las personas migrantes, y hay que cambiar por tanto de paradigma», ha sentenciado.

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