Podemos Madrid critica la campaña regional No Sin Mi Cole por «manipular a niños para posicionarse contra la LOMLOE»
El Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid ha expresado su «firme rechazo» a la campaña No Sin Mi Cole presentada la semana pasada por la Comunidad de Madrid por «manipulativa y desinformadora».
«Se trata de un vídeo financiado con fondos públicos, en el que se utiliza y manipula a niños y niñas con discapacidad de un centro público de educación especial de Madrid, para posicionarse contra la reciente ley de educación aprobada en el Congreso y remitida al Senado (LOMLOE) y se les hace decir cosas que no se recogen en dicha ley, como si la norma les fuera a obligar a tener que abandonar los centros educativos donde se hallan escolarizados», indican.
Podemos defiende que la intención de la llamada Ley Celaá respecto a la diversidad del alumnado es «avanzar hacia una educación inclusiva para todos y todas, mejorando las condiciones y recursos personales y materiales de los propios centros públicos para garantizar la presencia, el aprendizaje y la participación de alumnos y alumnas con muy diversas circunstancias sociofamiliares, competencias e intereses».
La ONU ha denunciado a España por violar la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad a través de un informe de 2017, tras una investigación llevada a cabo en nuestro país.
Señala que el sistema paralelo de la educación especial separado de la educación ordinaria «provoca la segregación y la exclusión de los estudiantes con discapacidades y constata, que se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio».
A juzgar por los datos oficiales se ha producido un porcentaje de incremento de alumnado en la modalidad especial, Podemos Comunidad de Madrid señala que en esta última década, por encima del aumento de población escolar, en el mismo período.
Insta, por el contrario, a promover una misma modalidad de escolarización en nuestro sistema educativo en la que cada persona reciba el apoyo que necesite para desarrollar sus capacidades y sea un miembro activo en la sociedad.
«Esto es especialmente importante, por cuanto que el progreso en los aprendizajes y la participación de alumnos y alumnas no ha depender sólo de sus déficits, de lo que les falta, sino que está muy relacionado con la intensidad de los apoyos educativos que reciba, en un contexto ordinario», apuntan.
La formación morada destaca que también que muchos alumnos con similares características a los que muestra el vídeo se hallan escolarizados en centros públicos, en la modalidad ordinaria. «Se hallan bien integrados, reciben apoyos especializados cuando lo requieren, son felices y suponen una experiencia educativa enriquecedora, de incalculable valor para el resto de sus iguales y para el conjunto de la comunidad educativa», dicen
Según el partido liderado por Pablo Iglesias, la LOMLOE recoge esta demanda internacional «e intenta poner el énfasis en el respeto de los derechos humanos promoviendo el camino hacia una educación inclusiva real».
Para lograrlo se establece que en el período de 10 años los centros ordinarios se irán dotando de todos los recursos necesarios para que la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales pueda estudiar en una escuela inclusiva y de calidad.
«Y no, no se cierran los centros de educación especial. En ellos seguirán escolarizados los niños y niñas con las mayores necesidades; es más, servirán también de centros de referencia. Defender una inclusión real de los niños con discapacidad es respetar su derecho a la educación, a su realización como sujetos plenos y a un proyecto de vida digna», indican.
Por todo ello, el área educativa de Podemos Comunidad de Madrid pide la retirada de la campaña «desinformativa y manipuladora» de la Comunidad de Madrid No Sin Mi Cole» y piden que se ofrezca «un trato informativo veraz» sobre esta ley, al tiempo que apoyan «la inclusión efectiva que toda la infancia merece».
«No es momento de potenciar más la segregación. Es tiempo de avanzar en la educación inclusiva y de respetar los derechos de las personas con discapacidad, compromiso suscrito por el estado español desde hace años, de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas», concluyen en un comunicado.