Podemos lleva la próxima semana al Congreso su impuesto a las fortunas, pese a que PSOE se remite a Hacienda

Unidas Podemos defenderá la próxima semana ante el Pleno del Congreso su proposición de ley para crear un impuesto sobre grandes fortunas, complementario al de Patrimonio y dirigido a la suma de bienes por encima de los diez millones de euros, y con ello busca abrir ya ese debate y forzar una votación, pese a que sus socios del PSOE prefieren que sea Hacienda quien diseñe la reforma fiscal.

Registrada en el mes de abril, Podemos defendió esta iniciativa como parte del pacto de rentas que propuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para afrontar la crisis desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania.

En este periodo de sesiones, el PSOE ya ha rechazando en el Congreso varias iniciativas de su socio de Gobierno, como una proposición no de ley de reforma fiscal o la ley para crear una empresa pública de energía eléctrica.

En concreto, esta nueva ley de la formación morada introduce una nueva escala de gravamen con ocho tramos y tipos, desde el 3,6% hasta el 5%, teniendo en cuenta si el contribuyente tributa a través del Impuesto sobre el Patrimonio. En ese caso, el aumento de tipos es inferior.

BLINDADO PARA QUE NO LO TOQUEN LAS CC.AA.

Al plantearlo como un impuesto de recaudación estatal, la formación morada busca que no pueda ser modificado unilateralmente por las comunidades autónomas e impedir «la aparición de paraísos fiscales interiores en los que las grandes fortunas se puedan refugiar para evitar el pago de impuestos».

Desde esta formación justifican la iniciativa en la necesidad de «avanzar en la construcción de un sistema fiscal justo, aumentar su equidad vertical y contribuir positivamente a la sostenibilidad del Estado del Bienestar».

Así, esgrimen que, en el actual debate sobre el pacto de rentas, «si algún tipo de renta tiene que sufrir una contención no son las rentas del trabajo, sino las rentas del capital» y que estas grandes fortunas superiores a 10 millones, «en su inmensa mayoría provenientes de rendimientos del capital, deben contribuir en mayor medida a la recuperación económica, al sostenimiento del Estado del Bienestar y a atajar las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania».

VEN DEFECTUOSA LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DE PATRIMONIO

Además, señalan que su propuesta está «en sintonía con la recomendación del comité de personas expertas» convocado por Hacienda, al elevar el importe de la reducción de la base imponible hasta el millón de euros, e introducir una nueva escala de gravamen con un total de ocho tramos y con unos tipos marginales que van desde el 3,6% hasta el 5%.

Desde esta formación esgrimen que el nuevo tipo impositivo que se propone viene a complementar los defectos del Impuesto sobre el Patrimonio a la hora de recaudar grandes patrimonios, por lo que se aumentan los tramos superiores a partir de 10 millones y se tiene en cuenta si el declarante está contribuyendo a través del Impuesto sobre el Patrimonio. En este caso, el aumento de tipos es inferior.

De esta forma, Podemos busca aumentar los tipos marginales entre 0,1 y 1,5 puntos porcentuales, lo que implica que la carga de la escala del nuevo impuesto oscila entre 0 y 0,7 puntos porcentuales adicionales para quienes contribuyen ya por Patrimonio, mientras que para quienes no contribuyan la carga oscilará entre el 1,7% y el 4%.

MOVILIZAR FORTUNAS IMPRODUCTIVAS E IMPEDIR EXENCIONES

Asimismo, se modifica al alza el límite conjunto de la cuota íntegra de este impuesto y del IRPF sobre base imponible de este, con una reducción máxima de la cuota del 70%, una medida dirigida a movilizar grandes patrimonios poco o nada productivos, e integrarlos en el circuito económico.

En este sentido, desde Podemos esgrimen que con los nuevos porcentajes los grandes patrimonios con rentabilidades del 4% o más tienen un impacto muy atenuado de este impuesto, siendo un gran incentivo para movilizar grandes fortunas con rentabilidades por debajo del 0,77%.

Por último, se trata de un impuesto de recaudación estatal que, por lo tanto, no puede ser bonificado unilateralmente por las comunidades autónomas, evitando así la aparición de paraísos fiscales interiores en los que las grandes fortunas se puedan refugiar para evitar el pago de impuestos.

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