Podemos insiste en que aún no hay acuerdo y que la postura de Ribera no es efectiva para prohibir cortes de suministros

Asegura que para garantizar la suspensión de cortes de luz, agua y gas se debe replicar la definición del decreto del escudo social

Unidas Podemos ha insistido en que no hay acuerdo en el seno de la coalición respecto a la suspensión del corte de suministros y que la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, no es efectiva dado que se debe contemplar «todos los tipos de suministros», es decir, luz, gas y agua.

Además, fuentes de la formación morada han explicado a Europa Press que la protección «debe ir más allá» de la población que percibe el bono social eléctrico y «proteger a todas las personas en situación de vulnerabilidad».

Por tanto, la única opción viable es reproducir la definición y redacción que tuvo el real decreto para el despliegue del escudo social para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, aprobado en marzo al comienzo del estado de alarma.

Además, han recalcado que el Ministerio de Transición Ecológica «no ha compartido» su borrador de texto normativo «con el resto de carteras» implicadas, en alusión a la Vicepresidencia Segunda, y «no es suficientemente efectivo».

MONCLOA DICE QUE HABRÁ PROHIBICIÓN

Desde la formación morada reaccionan así a lo manifestado por la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha aseverado que el Ejecutivo prohibirá por ley los cortes de suministro a personas vulnerables, incluso aunque estas no sean beneficiarias del bono social, previa evaluación por parte de los servicios sociales.

«La vicepresidenta cuarta del Gobierno pretende trasladar dentro de alguno de los decretos ley que se están tramitando, una disposición adicional que garantiza que ningún consumidor vulnerable va a tener problemas con el corte de suministro», ha precisado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, ha puntualizado que las personas que se beneficiarán de esta prohibición del corte de suministro son los consumidores reconocidos como vulnerables por los servicios sociales, «incluidos aquellos que no están acogidos al bono social».

Previamente Unidas Podemos manifestaba este mediodía que continuaba presionando al PSOE para aplicar de nuevo la prohibición de corte de suministros básicos a población vulnerable y, en este sentido, apostaba por obligar a las grandes empresas energéticas que soliciten a los servicios sociales un informe vinculante que acredite esa condición a familias afectadas.

«NEGATIVA REITERADA» DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Con ello, buscaban desbloquear la recuperación de esta medida que ya se incluyó en el denominado escudo social ante el Covid-19 replicando el mismo sistema acordado para la suspensión de desahucios, que pauta la obligatoriedad de disponer de un informe de vulnerabilidad por parte de servicios sociales.

Y todo ello ante la «negativa reiterada» del Ministerio de Transición Ecológica a articular de nuevo esta prohibición, que dejó de estar vigente a finales de septiembre, pese a que desde la formación morada se reclamó su prórroga.

«No podemos hablar de vivienda digna si no garantizamos agua, luz y gas a las familias», desgranaban para insistir en que llevan semanas trabajando para «convencer» al departamento que dirige Teresa Ribera de aplicar esta prohibición.

Además, Unidas Podemos ha marcado como «imprescindible» que las grandes empresas energéticas del país, con «beneficios millonarios, arrimen el hombro en plena pandemia» y se «corresponsabilicen de la garantía de los derechos humanos dado que obtienen beneficio de comercializar un bien de primera necesidad».

En opinión de la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Unidas Podemos, Ione Belarra, «en pleno invierno no se puede hablar de una vivienda digna si no se garantiza también los suministros de agua, luz y gas que permitan a las familias calentar las casas, ducharse con agua caliente o cocinar».

La reactivación de la prohibición de corte de suministros está siendo un punto de tensión entre los socios de coalición, al igual que el remate final sobre el decreto antidesahucios.