Podemos insiste en exigir a Rosell en el CGPJ y se desmarca de la demanda de despolitización del PP: «Es un veto ad hoc»

Remarca que «nadie progresista» puede apoyar su exclusión y que formar parte del Ejecutivo no afecta a su independencia

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha insistido en la exigencia de que la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, forme parte de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha lanzado que «nadie progresista puede apoyar» el «veto ad hoc» planteado por el PP a su figura.

También ha defendido que el hecho de que ocupe un cargo ejecutivo no menoscaba la «independencia judicial», que ha demostrado durante su carrera como magistrada, y que es un «insulto a la inteligencia» que el PP se escude en criterios de despolitización para ejercer una «exclusión con nombres y apellidos». Es más, ha augurado que cuando los populares comuniquen sus aspirantes al organismo habrá «fuerte perfil político» en la terna de juristas de los populares.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Echenique ha aseverado que existe «unanimidad» dentro de Unidas Podemos de que el veto del PP a Rosell es una «infamia política» y que la apuesta colectiva es que en esa negociación para intentar que no se ejerza, dado que su inclusión es garantía de «regeneración» en la institución.

LA DESPOLITIZACIÓN DEL PP ES UN «INSULTO A LA INTELIGENCIA»

Al hilo, ha comentado que supone una «buena base» para lograr un pacto y ha demandado al PSOE que no permita que la juez y exdiputada de Unidas Podemos se quede fuera de la terna de candidatos. Y cuestionado sobre si la formación morada rechazaría un acuerdo que no incluya a Rosell, como expuso el viernes su partido, el portavoz del grupo confederal ha recalcado que no se pone en un escenario porque aceptar ese veto sería un «retroceso democrático».

Durante su comparecencia, Echenique ha argumentado que no existe un impedimento para que Rosell entre en el órgano de gobierno de los jueces aunque forme parte del Ejecutivo, dado que el CGPJ no es un órgano jurisdiccional sino una entidad «política».

Por tanto, ha desgranado que la condición planteada por el PP es un «chiste malo» y un «insulto a la inteligencia». De hecho, ha recriminado que un partido que ha mantenido «secuestrada» la renovación y que pretendía «controlar» la justicia por la «puerta de atrás» carece de credibilidad para hablar de «despolitización».

Y es que esta actitud del PP revela una «cláusula contra Rosell», con intención de completar una «cacería política» que inició el «indecente» y «corrupto» exjuez Salvador Alba para «destruir civilmente» a la actual delegada contra la violencia de género.

Frente a la oposición del PP, el dirigente de la formación morada ha defendido que si alguien representa la «regeneración» de la justicia para «desparasitarla» del PP es precisamente Rosell, que se ha mantenido firme frente al «lawfare» (guerra judicial) que padeció, quien ha demostrado con hechos su independencia durante toda su andarura judicial.

NEGOCIACIÓN CON EL PSOE Y POSICIONES EN UP

Los contactos habituales dentro de la coalición sobre el CGPJ los mantienen el titular de Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz adjunto del grupo confederal y representante de IU, Enrique Santiago. Dentro del espacio confederal la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha convocado varias reuniones con representantes de los partidos para analizar la situación de la negociación.

Todas las ramas de Unidas Podemos apoyan la posibilidad de que Rosell sea candidata, como hizo el presidente del grupo parlamentario Jaume Asens la semana pasada, si bien Díaz e IU han abogado por no publicitar nombres y centrar esa discusión de forma discreta en el ámbito negociador. Mientras, Podemos presiona públicamente para que sea candidata formal con la advertencia de descolgarse de ese pacto.

No obstante, fuentes de Unidas Podemos han recalcado que Rosell es una posibilidad que está encima de la mesa pero también hay otros perfiles que contarían con el aval del espacio confederal. Y es que hay voces que reconocen que la candidatura de la delegada del Gobierno contra la violencia de género suscita complicación ante el requisito de optar por perfiles que no tengan vinculación con la actividad política.