Podemos formaliza en el Congreso su ley para perseguir penalmente e ilegalizar a Desokupa

Podemos ha registrado este jueves en el Congreso su proposición de ley para, mediante una reforma del Código Penal, perseguir a empresas de desokupación, como Desokupa , con penas de hasta cuatro años de cárcel.

De esta forma, el texto de los morados plantea castigar a personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, «hostiguen, acosen, discriminen o intimiden» a personas en situación de vulnerabilidad, para lo cual se crearía un nuevo tipo penal que permitiría la disolución de organizaciones como Desokupa.

El coportavoz estatal de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha informado en el Congreso del registro oficial de la iniciativa y ha defendido que en democracia «no se puede permitir» que haya grupos que actúen «al margen de la ley» como «grupos parapoliciales», actuando contra personas vulnerables y ganando dinero con ello.

«Con esta reforma queremos poner coto a esta situación, especialmente ante actuaciones como Desokupa (…) Con esta reforma sus miembros acabarían en la cárcel», ha desgranado.

Respecto a la posición de la ministra de Hacienda y dirigente socialista, María Jesús Montero, que se ha desvinculado de esta iniciativa, Sánchez Serna ha replicado que «cualquier demócrata» debe ser conscientes del «peligro que supone» organizaciones como Desokupa.

«Los demócratas deben actuar no podemos ver que se repitan escenas como ocurría en Italia con los camisas pardas o con la SS en Alemania»., ha remachado el diputado del grupo confederal

El planteamiento de Unidas Podemos demanda elevar el reproche penal y relacionar la actividad de Desokupa con elementos ya tipificados de los delitos de odio y coacciones.

En concreto, se modificarían los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal con multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a quienes, con «ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines».

Además de la disolución de estas sociedades, se bloquearía su acceso a internet y pasarían a considerarse asociaciones ilícitas, por lo que podrían ser perseguidas e imponerse a sus integrantes las correspondientes penas.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, avanzó ayer esta iniciativa desde el argumento de que empresas como Desokupa suponen un «problema de seguridad», son un «germen de un comando parapolicial» y extienden la «aporafobia» (odio a la pobreza). «Vamos a perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables», lanzó.