Podemos exige no «banalizar el terrorismo» con los CDR y defiende que la Constitución protege la «protesta social»

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha pedido este martes no «banalizar el terrorismo», después de que la Audiencia Nacional haya ordenado la detención de dos integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) por delitos de terrorismo y rebelión. Asimismo, ha defendido la necesidad de proteger el derecho a la protesta, recogido en la Constitución.

En la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Junta de Portavoces, Montero ha señalado que «cuando se comenten ilícitos penales» en el marco de «protestas legítimas», existen «leyes maravillosas para perseguirlos y hacer cumplir la responsabilidades a las personas que cometieran esos ilícitos civiles o penales», sin necesidad de perseguirles por terrorismo.

«Pero comparar eso con terrorismo es banalizarlo inapropiadamente», ha apostillado la portavoz del grupo confederal Unidos Podemos, tras señalar que el terrorismo «es algo que por desgracia España conoce bien».

«DERECHO PENAL PROPORCIONAL»

Al igual que Montero, otros dirigentes de su partido han rechazado las mencionadas detenciones por los delitos de rebelión y terrorismo. «Creo que todo el mundo entiende que no hay una situación de violencia terrorista en Cataluña. Aunque determinadas acciones puedan constituir un ilícito, el derecho penal tiene que ser proporcional», ha defendido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

También han adoptado la misma postura sus socios de grupo. «Por mandar un audio en redes sociales y por cortar una carretera les quieren imputar delitos de terrorismo y rebelión. Inadmisible. Todas las fuerzas democráticas debemos condenar esto y echar a los reaccionarios de las instituciones», ha reclamado el líder de IU, Alberto Garzón, en un mensaje en Twitter.

A su vez, la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, ha criticado que «cinco días después de que la Fiscalía alemana tumbara el delito de rebelión» –en relación al expresidente catalán Carles Puigdemont–, en España «se vuelva a imputar ese delito a otras personas» que, «guste más o menos» lo que hacen, estaban «ejerciendo su derecho a la protesta».