Podemos exige la reforma fiscal en los PGE de 2022 y presionará para subir el SMI y regular el precio del alquiler
Pedirán acabar con el dumping fiscal de Madrid y llevarán al Congreso la creación de una eléctrica pública para bajar los precios
Podemos exigirá la reforma fiscal en la negociación sobre los Presupuestos Generales, a la que llevará la propuesta de fijar un 15% el impuesto de sociedades a grandes empresas, y seguirá «presionando» al PSOE para cumplir el acuerdo de gobierno, pues faltan prioridades «de primer orden» como derogar la reforma laboral, subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y aprobar la nueva Ley de Vivienda con regulación del alquiler.
Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press el miembro del Consejo de Coordinación de Podemos (la Ejecutiva del partido), Javier Sánchez Serna, para desgranar que también van a plantear a su socio erradicar el «dumping fiscal» de Madrid, ya sea en el marco de las cuentas públicas o en una ley aparte.
El también coordinador autonómico de Podemos en Murcia ha realizado un balance positivo llegado el ecuador de legislatura, pues han demostrado que el primer gobierno de coalición, pese a sus «debates y tensiones» del día a día, ha logrado una gestión «sólida» demostrando que no solo el bipartidismo hace que el país funcione.
No obstante, ha rehuido de «triunfalismo» porque tiene el «oído puesto en la calle» y faltan implementar compromisos pactados para mejorar la vida de la gente, como mejorar el Ingreso Mínimo Vital, regular el precio del alquiler o elevar el SMI hasta el 60% del salario medio del país, que es «imprescindible» para una recuperación con «justicia social».
Para la negociación presupuestaria, que ya se ha abierto entre los socios de coalición, Sánchez Serna ha deslizado una «reflexión fundamental» para un gobierno «progresista» y es que si el objetivo es reforzar «lo público» y crear «nuevos derechos» con el despliegue de la agenda social, «tiene que haber financiación».
«Y eso implica hablar de la reforma fiscal», ha ahondado para detallar que propondrán aplicar la subida del impuesto de sociedades al 15%, que está recogido en el acuerdo de gobierno y cuenta con un consenso internacional favorable del G-20, la OCDE y el propio presidente estadounidense Joe Biden.
Sobre todo en un contexto en el que las grandes empresas, como el Ibex, recibirán «muchísimo dinero» de los fondos europeos para la transformación de la economía y la «única vía» de que esa «ingente cantidad» llegue a la ciudadanía, es la reforma fiscal.
«¿REFORMA FISCAL EN 2023? ESO ES TARDE»
«Podemos está en esa posición de sentido común de época y así lo vamos a trasladar en la negociación de los PGE y creo que el PSOE va a estar en ese sentido común de época», ha vaticinado el dirigente de la formación morada, dado que ese tipo del 15% para grandes corporaciones es lo mismo que se aplica a una frutería o carnicería.
Cuestionado sobre si esa reforma podría demorarse a 2023, Sánchez Serna ha subrayado que sería «tarde» tras una crisis en la que se han visto las «debilidades del sistema del bienestar» y, por ejemplo, subir el IRPF dos puntos para rentas por encima de 130.000 euros afectaría a unas 100.000 personas, una «minoría» que debe entender que tiene que aportar «algo más» para fortalecer lo público.
LEY DE VIVIENDA: HAY QUE CUMPLIR LO PACTADO
Respecto a la nueva Ley de Vivienda, el diputado de Unidas Podemos ha llamado a la «autocrítica» porque la normativa que tendría que haber llegar «mucho antes», al ser un «compromiso» de los dos socios y no «una exigencia» de su formación, como muchas veces se dice, para regular los precios para impedir subidas «abusivas» y poder bajar las rentas.
Tras recordar que hay mucha gente que hacen «esfuerzos tremendos» para pagar el precio del alquiler, Sánchez Serna ha subrayado que tanto PSOE como Unidas Podemos «no se pueden permitir llegar a las próximas elecciones incumpliendo» ese pacto. «Nosotros queremos llegar a un buen acuerdo, pero un buen acuerdo se define con lo que está pactado. Lo hemos dicho muchas veces, lo pactado obliga y fija una ley que regule los alquileres», ha zanjado.
«SECESIÓN DE LOS RICOS» EN MADRID
También ha destacado que hay que actuar contra el dumping fiscal de Madrid, que actúa como un «paraíso fiscal para ricos» empadronados en esta región para «eludir» impuestos de otras comunidades, y un problema «serio» para el país.
A su juicio, la derecha «se pone muy nerviosa» cuando se habla de «encajes territoriales» de Cataluña o el País Vasco, pero empeorar al país «vía secesión de los ricos» le «preocupa menos». Por tanto, ha defendido que debería haber un mínimo fiscal no bonificable para los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio. De esta forma, buscarán «convencer» al PSOE de que es un «tema a abordar» en los PGE o en una ley «fuera de los presupuestos».
PROPOSICIÓN DE LEY PARA CREAR UNA EMPRESA PÚBLICA
Respecto al precio de la luz, ha subrayado que es «inasumible» y ha admitido que pese a adoptarse decisiones importantes, algunas por la presión de Podemos como la bajada coyuntural del IVA de la electricidad al 10%, hay que ser «honestos» y reconocer que «no va a ser suficiente».
Por tanto, «hay que hacer algo» porque el principal problema radica en el «oligopolio eléctrico» y, aunque no está en el acuerdo de gobierno, llevarán al Congreso un proyecto de ley para crear una empresa pública de energía, que se nutrirá de las plantas hidroeléctricas cuyas concesiones vencen para recuperarlas para el Estado.
Para Sánchez Serna, no se puede alegar que la subida de la factura es un asunto del «mercado» y se requiere capacidad de intervención mediante un «actor público, como ocurre en el caso de Italia, Francia o Suecia, que cuentan con más margen para combatir estas tendencias alcistas. Dicho operador público otorgaría «transparencia», capacidad para bajar los precios y, sobre todo, combatir la «pobreza energética».
REDUCIR LA JORNADA LABORAL DIARIA
También ha respaldado la posición de la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, relativa a reflexionar sobre reducir la jornada laboral diaria un par de horas para promover la conciliación y la corresponsabilidad de los progenitores en el cuidado de los hijos.
Sánchez Serna ha explicado que la jornada de ocho horas data de hace 102 años y ese debate de liberar tiempo «para la vida» se va a abrir paso, máxime con las transformaciones económicas relacionadas con la robótica, la digitalización y la economía verde. De esta forma, estudiar rebajar la jornada a seis horas es una forma también de «atajar» los bajos índices de natalidad y no puede ser siempre un «tema abstracto».