Podemos exige al PSOE romper el pacto con el PP para el CGPJ tras el informe sobre «espionaje» a sus diputados en 2015

Denuncia que estos rastreos policiales sin amparo judicial muestran la «cacería» del Gobierno de Rajoy para contra la formación

Podemos ha proclamado que el informe sobre el presunto «espionaje» que sufrieron sus diputados entre 2015 y 2016 evidencia la «cacería política, policial y judicial» por parte del entonces Gobierno dirigido por el PP contra la formación. A su vez, ha demandado al PSOE que rompa el acuerdo con los populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

«Podemos seguirá exigiendo que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades, tanto a nivel político como judicial, y considera que no hay regeneración ni democratización posible de la mano del PP», han indicado fuentes de la formación morada.

Todo ello después de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional haya informado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que examina si se realizaron investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior, que durante los años 2015 y 2016 se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de esa formación.

Así consta en la documentación enviada por Asuntos Internos al Juzgado Central de Instrucción número 5 en respuesta al requerimiento del juez, que el 27 de marzo pidió una relación de las solicitudes de acceso por funcionarios policiales a los ficheros informatizados durante esos dos años y que tuvieran por objetivo los nombres de los diputados morados .

«LA CORRUPCIÓN FORMA PARTE DEL BIPARTIDISMO»

Al respecto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que por ejemplo la exministra de Igualdad fue «espiada por 18 usuarios de la policía en 28 búsquedas entre 2015 y 2016», lo que refleja la «guerra sucia política y judicial» que, a su juicio, el PSOE «acaba de legitimar pactando con el PP el CGPJ». «Esto no era contra Podemos, era contra la democracia y el avance social que representaba nuestro espacio», ahonda en varios mensajes en la red social X .

A su vez, Montero ha censurado, tras este informe, que el PP organizó «una investigación» ilegal contra Podemos para «hacer daño» a su partido y «frenar los cambios» en España.

«Para nosotras esto es una muestra más de que la corrupción es la forma de Gobierno del bipartidismo y del PP, y que están dispuestos a utilizar todos los medios necesarios para impedir que la democracia cuando ellos pierden», ha ahondado la actual eurodiputada.

Por tanto, ha demandado que el «PP no puede quedar en la impunidad» y exige al PSOE que «rompa sus acuerdos con el PP», dado que es necesario que la «democracia se imponga».

EL OBJETIVO: IMPEDIR UN CAMBIO DE GOBIERNO»

Desde el partido morado afirman que el rastreo masivo «ilegal» de informaciones a sus diputados tras presentarse por primera vez a la elecciones generales, sin amparo judicial y de forma «prospectiva», trataba de «impedir un cambio de Gobierno».

Además, denuncia la gravedad de ordenar a agentes de Policía que actuaran al margen de la ley contra representantes de una determinada formación política.

«La intensidad de la operación, con centenares de búsquedas de información en bases policiales, demuestra que acabar con Podemos fue uno de los principales objetivos del Gobierno de Mariano Rajoy. Y, aunque no lo consiguieron, la guerra sucia –que continuó con otras operaciones y casos como Neurona– ha producido un importante desgaste a la formación», ahondan en la formación morada.

Así, ha aludido al debate de este jueves en el Congreso sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial acordada por PP y PSOE, a la que Podemos se opone y defenderá una enmienda a la totalidad, para instar a los socialistas de nuevo que rompan ese pacto.

En contraposición, reclaman al PSOE que recurra a la mayoría de investidura con el objetivo de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, dado que en su enmienda defienden habilitar la vía de la mayoría absoluta para nombrar a juristas cuando no sea posible un consenso de dos tercios de la cámara. Y, junto a ello, demanda acometer las reformas necesarias en materia de regeneración democrática.