Podemos considera una «vergüenza» que la Fiscalía ultime el archivo de la investigación sobre el emérito sin denunciarle
El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de «vergüenza» que la Fiscalía ultime el cierre de la investigación de las supuestas irregularidades del Rey emérito Juan Carlos I «sin denunciarle».
Así lo ha trasladado en Twitter tras conocer que la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) sopesa el archivo de las diligencias de investigación en torno al emérito y la finalización de las pesquisas. Esta decisión se baraja teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable, que otros habrían prescrito y que hay una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por alrededor de 5 millones de euros.
También se ha pronunciado al respecto el dirigente de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, al preguntarse si «de verdad piensan utilizar el aforamiento especial y la inviolabilidad como coartada para la impunidad de estafas tan evidentes».
«¿Habrá que esperar que sea un fiscal suizo el único capaz de actuar con dignidad? Qué obsceno todo», ha lanzado en otro comentario en redes sociales.
A su vez, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha cuestionado que si se habla de «democracia plena» por qué «en Francia un jefe de Estado como (Nicolas) Sarkozy es condenado y en España ni se le puede investigar».
Esta mañana la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que sería una «mala noticia» si la Fiscalía decide archivar esta investigación, cuando parece «a todas luces» que el emérito se «enriqueció» utilizando la Jefatura del Estado para su «beneficio personal».
El pasado lunes el coportavoz de la formación morada subrayó que los Pandora Papers evidencian también las supuestas irregularidades de Juan Carlos I, lo cual ilustraba el «penoso y lamentable» rechazo del PSOE, PP y Vox a crear una comisión en el Congreso para investigar sus presuntas «corruptelas».
