Podemos considera «especialmente grave» que Casado pida al Gobierno de Murcia que «desobedezca» la Ley Celaá

MURCIA, 13

El portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso, Javier Sánchez Serna, asegura que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha cometido un acto de «especial gravedad» al pedir al Gobierno de Murcia el sabotaje de la nueva Ley de Educación (la LOMLOE o Ley Celaá ), que se encuentra actualmente en trámite parlamentario en el Senado.

La visita de Casado este sábado a Murcia ha servido, según el morado , para «mostrar la desesperación de un Partido Popular que ya solo puede recurrir a la mentira y la manipulación para defender su proyecto político».

Y es que, para Sánchez Serna, el PP, que ya había puesto en marcha una «estrategia de bulos y mentiras sobre esta ley de educación, intoxicando sobre un supuesto cierre de los colegios de educación especial, la inexistente desaparición de la concertada o la burda mentira que asegura que no se va a poder enseñar en castellano en los colegios e institutos», va ahora un paso más allá al pedir a una comunidad autónoma que desobedezca una ley, «sobrepasando una línea infranqueable del respeto democrático».

El diputado de Unidas Podemos ha exigido «respeto para la Región de Murcia» y ha recordado al PP que «las instituciones de la Región de Murcia no son un cortijo ni un escaparate para las campañas ultra del Partido Popular».

Además, ha defendido la «inmediata aplicación» de la nueva Ley de Educación para el próximo curso en la Región de Murcia porque «beneficia a los alumnos, a las familias y especialmente al derecho a la educación de todos y todas».

Por otra parte, Sánchez Serna ha recordado que Podemos ha registrado en la Asamblea Regional una propuesta para investigar «qué ha ocurrido en el caso de la multa de 300.000 euros impuesta al colegio concertado Antonio Nebrija por el cobro de cuotas ilegales y por qué la consejería de Educación ha dejado prescribir esta sanción».

Para el diputado, «es paradójico que Casado venga a una de las comunidades autónomas donde se ha desmantelado de manera más virulenta la red de educación pública a advertirnos que la concertada está en riesgo», cuando en su opinión, «lo que está en riesgo en la Región de Murcia es la existencia de una escuela pública de calidad, integradora y que garantice la igualdad de oportunidades».

En su lugar, advierte el diputado de Unidas Podemos «el Partido Popular ha implantado un modelo segregador y elitista en el que hay dos líneas educativas: una pública, sin recursos y que asume al alumnado que presenta mayores dificultades, y otra concertada, en la que se cobran cuotas ilegales, se segrega al alumnado según su capacidad económica y se selecciona el profesorado en función de criterios que no tienen por qué estar guiados por el mérito y la capacidad, como sí ocurre en la educación pública».

Además, Sánchez Serna ha exigido al PP que «deje de intentar atemorizar a las familias de las personas más vulnerables con la difusión de bulos sobre el cierre de los centros de Educación Especial».

El diputado ha criticado casos como el de Lorca, «donde se ha mentido a la población asegurando en redes sociales y en actos públicos que la nueva Ley de Educación traerá consigo el cierre del colegio Pilar Soubrier, algo completamente falso y que no tiene base alguna».

El dirigente de Podemos ha asegurado que el Gobierno de López Miras «está ocasionando a las familias una gran angustia y preocupación por la que nadie les va a compensar cuando dentro de 10 años comprueben que los centros continúan abiertos y prestando servicio».

Así, señala que para Unidas Podemos «el cuidado y respeto a las personas con discapacidad es una prioridad», por lo que precisamente «se va a trabajar en que además de los colegios de educación especial, existan recursos en los colegios públicos para que aquellas familias que lo prefieran puedan optar por una educación inclusiva, junto al resto de niños y niñas».

Con esta estrategia, el PP trata, según Sánchez Serna, de «colocar el foco» en un supuesto ataque a los más débiles, «utilizando el miedo y la angustia de familias que muchas veces viven una situación vulnerable», cuando lo que en realidad busca es «seguir desviando fondos hacia un modelo segregador y clasista de centros que separa a niños y niñas, como el Nelva y el Monteagudo».

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