Podemos arremete contra Batet al retirarle el escaño a Rodríguez tras las presiones de TS y denuncia «prevaricación»

Varios cargos del espacio confederal califican lo ocurrido de «cacería», «vergüenza» y «ataque a la democracia»

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha calificado de «prevaricación» la retirada del escaño al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, y ha acusado al Tribunal Supremo de presionar a la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, para que se lo quitara pese a que «ambos sabían» que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia.

Así lo ha trasladado en redes sociales la líder de Podemos tras conocer que Batet haya comunicado a Rodríguez la pérdida de su acta en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio.

Todo ello después del intenso debate sobre si esa inhabilitación que pesaba sobre Rodríguez comportaba la retirada de su condición como diputado tras abonar la multa que sustituía su pena de prisión y tras el nuevo oficio del Supremo, que apuntaba a que la inhabilitación era «obligada» después de las aclaraciones solicitadas por la propia Batet.

Por tanto, se deja sin efecto el acuerdo de la Mesa del Congreso que acordó, en base al informe de los letrados de la cámara, que la pena ya estaba cumplida y podía preservar su condición de diputado.

Belarra ha criticado que el ya exparlamentario de Unidas Podemos fuera condenado por un delito de atentado a la autoridad a un agente en el marco de una manifestación en 2014, pese a que «las pruebas que demuestran que él no estuvo allí». En este sentido, ha aseverado que el «objetivo» de todo este proceso «era quitarle el escaño».

«El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», ha lanzado la titular de Derechos Sociales.

A su vez, el portavoz de Unida Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha tildado de «vergüenza» que la presidenta del Congreso haya cedido a las «presiones» del presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, y «de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre», «aún a riesgo de prevaricar». «Vergüenza», ha añadido.

«MUY GRAVE QUE BATET CEDA A LAS PRESIONES»

La coportavoz de la formación morada, Isa Serra, ha calificado de «muy grave» que Batet ceda «a las presiones del Poder Judicial». «El Supremo interviniendo el Congreso y arrebatándole representantes a la ciudadanía. Esto no es contra Alberto o contra UP, es contra la democracia y nos jugamos demasiado», ha proclamado.

Su homólogo en Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de «lawfare» (concepto anglosajón que alude a la guerra judicial con fines políticos) lo ocurrido. «Golpes de Estado blandos. Prevaricación. La democracia española en jaque», ha apostillado.

El coordinador de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, Juanto López de Uralde, ha tildado de «escándalo» la «cacería» contra Alberto Rodríguez, lo que supone un «ataque sin precedentes en nuestra democracia».

IGLESIAS Y MONEDERO TAMBIÉN CRITICAN LA DECISIÓN

El exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha cargado también contra la decisión de la presidenta del Congreso, que adopta contra el criterio de los letrados de la cámara y tras las «presiones de (Manuel) Marchena y la derecha». «Como en la República de Weimar, el monstruo avanza con aliados», ha advertido.

Mientras, el cofundador del partido y politólogo, Juan Carlos Monedero, ha espetado que «hay que ser muy impresentable» para quitarle el escaño a Rodríguez y ha dicho a Batet «hace lo mismo que ha hecho la socialdemocracia a lo largo de la historia cuando la cobardía ha vencido a la dignidad».

Esta tarde Unidas Podemos había exigido a Batet que no hubiera respuesta institucional sobre el futuro de Rodríguez hasta que no se reuniera el próximo martes la Mesa de la cámara ante la «gravedad» del nuevo escrito del Tribunal Supremo.

El secretario primero de la Mesa y diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, subrayó ayer que privarle de su condición de parlamentario implicaría tener que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dado que se habría incurrido en una clara «prevaricación», una «barbaridad» y una «vergüenza» para España.