Podemos advierte al PSOE que la mera prórroga del decreto anticrisis es «insuficiente» y pide «valentía» para mejorarlo

Podemos ha advertido de que la mera prórroga de las medidas del decreto anticrisis por la guerra de Ucrania es «insuficiente» y reclama que se mejore con las medidas planteadas por el Ministerio de Derechos Sociales, como aplicar un abono mensual de 10 euros para el transporte público o subir las pensiones no contributivas un 15% de forma inmediata.

La líder de la formación morada y titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha publicado un vídeo en redes sociales en el que demanda «valentía» para aplicar sus propuestas, que este lunes ha trasladado a los ministerios competentes y al de Presidencia.

De esta forma, exhorta al menos a prorrogar las ayudas del plan de respuesta económica a la guerra de Ucrania con la extensión de las medidas hasta finales de año y mejorarlo, con la inclusión de esa reducción al transporte, la extensión del bono social eléctrico y el incremento de las pensiones mas bajas, pues a su juicio son «imprescindibles».

«Estamos en un momento en que este gobierno no se puede permitir medias tintas. Tenemos que ser valientes y poner todo de nuestra parte para que las familias no paguen la consecuencias de esta crisis (….) Toca gobernar, gobernar y gobernar», ha apuntado para demandar a su vez una reforma fiscal «ambiciosa» para los que más tienen paguen lo que les corresponde.

A su vez, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que simplemente prorrogar el decreto anticrisis solo con las medidas ya existentes es «del todo insuficiente», para pedir al PSOE que sea «más ambicioso y audaz» en las medidas para proteger a las familias.

De esta forma, ha demandado a su socio de coalición a que les siga el ritmo, «pise el acelerador» y esté a la «altura de las expectativas» de un Gobierno progrsista que debe ser «valiente» y no «quedarse a medias y titubear».

Y es que han trasladado a los socialistas que es «imprescindible» adoptar nuevas medidas que amparen a la mayoría social y que no hay que conformarse con una mera prórroga.

PROPUESTAS DE BELARRA

En materia de Transportes, Derechos Sociales aspira a una reducción de todas las modalidades de abono de transporte público urbano e interurbano hasta los 10 euros, emulando de este modo el planteamiento de Alemania.

La bajada se sufragaría a través de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por importe de 560 millones, que financiaría esa partida extraordinaria.

A su vez, la propuesta de Belarra enfatiza en la necesidad de aumentar con carácter inmediato las pensiones no contributivas y que esa mejora se incorpore a la nómina de julio. La idea es garantizar que las prestaciones más bajas puedan hacer frente al alto índice de inflación y que no vean mermada su capacidad adquisitiva hasta final de año.

Concretamente, propone subir en un 15 por ciento respecto de 2021 la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva.

La semana pasada el Gobierno se comprometió con Bildu a incrementar un 15% las pensiones no contributivas, de viudedad, orfandad o invalidez, y una garantía para impedir que el nuevo fondo público de pensiones se financie con fondos de la Seguridad Social, a cambio de su abstención en esta norma.

En cuanto al bono social eléctrico, el socio minoritario de la coalición plantea extenderlo para que llegue a dos millones de familias, agilizar el trámite de acceso e impedir la suspensión del suministro de luz, gas y agua de viviendas habituales cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida o el agravamiento de la situación de vulnerabilidad social o económica.

Para ello, propone la puesta en marcha de un protocolo «obligado» de comunicación por el que la empresa suministradora deba informar de su intención de cortar el suministro previamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que hará una comprobación de renta y pedirá un informe a los servicios sociales.

En el caso en el que se certifique la vulnerabilidad, no podrá procederse al corte del suministro de electricidad, agua y gas.

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Respecto a las medidas que ya contiene el real decreto de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra de Ucrania, que se aprobó a finales de marzo, incide en continuar con el descuento en los carburantes, el aumento de un 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital o el límite de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda al 2%.

Además, mañana se abordará en el Congreso su proposición de ley para crear un nuevo impuesto a grandes fortunas y evitar que la Comunidad de Madrid, a su juicio, se siga comportando como un «paraíso fiscal» para los ultrarricos.

Concretamente, la coportavoz Alejandra Jacinto ha explicado que ese nuevo tributo se ceñiría a menos de 10.000 personas con patrimonios superiores a 10 millones de euros y no sería bonificable, para evitar así que gobiernos autonómicos trataran de vaciar su contenido.

En este punto, ha reivindicado que es una propuesta de «justicia fiscal y social» para acabar con los «regalos fiscales a los ultrarricos», como en su opinión hace Madrid al perdonar tributos por valor de 1.000 millones a «un puñado de millonarios» mientas recorta en Metro y cierra urgencia en la Atención Primaria.