PNV pide a Bruselas que se pronuncie sobre las indemnizaciones que España niega a las víctimas del GAL

BILBAO, 19

El PNV ha pedido este viernes a Bruselas que se pronuncie sobre las indemnizaciones a pagar a las víctimas del GAL, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya desestimado la demanda de los familiares de seis supuestos miembros de ETA asesinados por grupos como los GAL o el Batallón Vasco Español. Los demandantes habían recurrido a Estrasburgo la decisión de España de denegarles indemnizaciones como víctimas de terrorismo.

La eurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao ha presentado esta mañana una iniciativa para denunciar ante las autoridades comunitarias «la indefensión» que supone para los damnificados por el GAL la negativa a indemnizarles.

Izaskun Bilbao recuerda que la norma aplicada para negarla «estaba pensada para evitar reconocer a víctimas fruto de enfrentamientos entre organizaciones criminales». En este sentido, considera que, «cuando los victimarios formaban parte de organizaciones terroristas financiadas o amparadas por los poderes públicos, la perspectiva cambia por completo».

Con su petición, la dirigente jeltzale pretende «la defensa del Estado de Derecho y buscando verdad justicia y reparación», después de comprobar que el TEDH «no entra en el fondo del asunto» sobre la petición de seis víctimas de los Grupos Antiterroristas de Liberación, ni analiza el origen y contenido de la disposición europea que se utilizó para denegar las indemnizaciones.

En este sentido, recuerda que «el artículo 8 del Convenio que inspira todas las regulaciones para indemnizar a víctimas de delitos violentos dice, en su apartado segundo, que se podrá reducir o suprimir la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos».

Sin embargo, subraya que esta previsión se introdujo «para impedir que miembros de organizaciones criminales pudiesen acogerse a estos sistemas de indemnización como víctimas de delitos ocurridos en enfrentamientos entre ellas».

«Cualquiera entiende que es un contrasentido que el familiar de un miembro de la banda de Al Capone sea indemnizado con recursos públicos por un atentado cometido por la banda de Bugs Moran, pero aplicar esa previsión cuando una de las organizaciones implicadas, en este caso el GAL, estaba amparada y financiada por determinadas autoridades públicas, me parece totalmente improcedente, especialmente si uno se lee con detenimiento la directiva europea que regula los derechos de las víctimas», añade.

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Izaskun Bilbao apunta que la normativa de la UE señalaba que las víctimas del terrorismo «pueden necesitar especial atención, apoyo y protección, debido al carácter del delito cometido contra ellos», y que «los Estados miembros deben tener especialmente en cuenta las necesidades de las víctimas del terrorismo y esforzarse por proteger su dignidad y seguridad». «Solo teniendo en cuenta estas afirmaciones, es un verdadero sarcasmo que el estado niegue indemnizaciones a las víctimas GAL», indica la europarlamentaria.

Bilbao Barandika remarca que esta directiva también prevé «la doble victimización que sufren» algunos damnificados y contiene instrucciones como «limitar al máximo el contacto entre víctimas y victimarios», por lo que cree que «dejar el escrutinio de las víctimas del GAL en manos de cuerpos policiales que mantuvieron en su día estrechísimas relaciones con los victimarios, incumple las normas europeas y no ayuda para nada a la credibilidad del Estado de Derecho».

En su opinión, «se ha querido judicializar» esta decisión poniendo en manos de la Audiencia Nacional «una decisión sobre el valor de los informes policiales que incriminaban a las víctimas como miembros de ETA». «Si algo está claro es que ese procedimiento judicial no se ha desarrollado con todas las garantías pues las personas afectadas fueron asesinadas y no tuvieron oportunidad de defenderse de las acusaciones», explica.

La representante del PNV en la Eurocámara critica que un Estado «niegue indemnizaciones a víctimas causadas por agentes a su servicio en actos de terrorismo de estado».