PNV pide a Bruselas que estudie el caso Bateragune en su próximo informe anual sobre derechos fundamentales

BILBAO, 17

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao Barandika, ha presentado esta mañana una iniciativa parlamentaria en la que anima a la Comisión Europea a incluir la repetición del juicio del denominado «caso Bateragune», ordenada por el Tribunal Supremo, como caso de estudio en el próximo informe anual que el Ejecutivo comunitario debe realizar sobre la salud del estado de derecho en la Unión Europea.

En un comunicado, la representante jeltzale ha manifestado que el citado órgano judicial ha «ignorado» la jurisprudencia aplicable al caso e invoca, para apoyar su propuesta, otros precedentes en los que los mismos protagonistas han recibido condenas del Tribunal de Estrasburgo o negativas de la misma sala a acatar fallos del tribunal de justicia de la Unión Europea.

Izaskun Bilbao Barandica, tras describir la decisión adoptada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena, recuerda que el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por lesionar derechos fundamentales de los condenados en el caso Bateragune. «La parcialidad de los juzgadores del caso lesionó el derecho a un juicio justo», señala en su iniciativa.

A continuación, la eurodiputada vasca incide en que «la doctrina más asentada en la materia señala que son los afectados por este tipo de vulneraciones los únicos legitimados para solicitar que se repita el juicio para reparar el daño causado».

Por ello, considera «insólito» que el sistema judicial condenado «obligue a repetir el juicio tras verse obligado a anular su injusta» decisión, alegando que «un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal, dado que los cinco perjudicados han permanecido injustamente más de seis años en la cárcel es un auténtico sinsentido».

Tras mostrar su sorpresa ante el hecho de que el Tribunal Supremo considere un simple «defecto procesal» la «grave» vulneración de derechos cometida por el tribunal sentenciador en el caso y pregunta a la Comisión Europea si comparte este criterio, solicita que valore si «repetir el juicio es la medida más acertada, dada la sentencia del Tribunal de los DDHH sobre el caso, la jurisprudencia en la materia y las circunstancias del caso».

Finalmente, y a la vista de que la Comisión Europea ha adquirido el compromiso de elaborar un informe anual, estado por estado, en torno a la salud del estado de derecho, se interesa por si «estos episodios de contestación a los tribunales europeos por parte del Supremo de España pueden ser objeto de estudio en el próximo informe anual sobre el estado de derecho en la Unión».

La iniciativa recuerda que no es la primera vez que «los mismos protagonistas, o salas presididas por el mismo magistrado, tropiezan con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos cuando juzgan a personas vinculadas a la actividad política en Euskadi».

En este sentido, ha recordado lo ocurrido en el llamado caso Atutxa y subraya que «se vulneró el derecho a la defensa de otros políticos injustamente condenados». «En aquel caso, Marchena, tras recibir el fallo europeo, tardó dos años en anular la sentencia injusta que él mismo había firmado», denuncia.

Izaskun Bilbao recuerda el caso del president Carlos Puigdemont y los consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, y añade que fue también la sala de lo penal del Supremo, la «protagonista de la negativa a reconocer la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las condiciones que pueden exigirse a un electo para adquirir la condición de eurodiputado».

«Urge más que nunca que la Administración de Justicia española acometa una profunda renovación de sus estructuras, funcionamiento y criterios de selección para equiparar sus actuaciones a los estándares procesales europeos en defensa de los Derechos Humanos. Las reprobaciones que reciben se proyectan en ámbitos tan sensibles como la libertad de expresión y opinión, el respeto a la división de poderes o la protección de prácticas tan abyectas como la tortura. Es inexplicable que estas condenas, que al final perjudican y señalan la imagen de España, no lleven a quienes se dicen patriotas a preocuparse más por esta grave deriva», ha concluido.