PNV, EH Bildu y E-Podemos rechazan la sentencia del TSJPV que anula el requisito de euskera en la OPE de policía de Irun
Consideran que el fallo «puede poner en duda el marco jurídico para avanzar en la normalización del euskera en el sector público»
VITORIA, 3
Los grupos EAJ-PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han firmado este jueves en el Parlamento Vasco una declaración de rechazo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula el requisito del perfil lingüístico de euskera de la convocatoria pública de plazas para la Policía Local de Irun (Gipuzkoa), ya que consideran que este fallo «puede poner en duda el marco jurídico para avanzar en la normalización del euskera en el sector público».
Estos grupos han firmado un texto de denuncia ante la negativa de algunos grupos del Parlamento Vasco a aprobar una declaración institucional conjunta de rechazo a citada resolución judicial del TSJPV, donde se afirma que el conocimiento obligatorio del euskera es un requisito «discriminatorio» porque «no se compadece con el necesario respeto al derecho de todos los ciudadanos a optar a los empleos públicos».
En el texto, los grupos parlamentarios manifiestan su «profunda preocupación e inquietud» por lo que consideran un «retroceso en el camino hacia la normalización» del euskera. «Nos preocupa la sentencia porque puede poner en duda el marco jurídico vigente desde hace décadas en la administración vasca para avanzar hacia la normalización del euskera. Un marco ejemplar que la sociedad vasca avala», han indicado.
Los grupos ofrecen al Ayuntamiento de Irun «toda la ayuda que necesite para defender la autonomía municipal» y reconocen «la legitimidad y la competencia de toda administración pública para establecer los perfiles lingüísticos y las preceptividades de los puestos de trabajo, poniendo en el centro los derechos lingüísticos de la ciudadanía».
Por último, recuerdan que el Decreto 86/1997 que regula el proceso de normalización del uso del euskera en el sector público, ha sido «clave para avanzar en la capacitación lingüística de las y los trabajadores públicos y garantizar los derechos lingüísticos de toda la sociedad».
