PNV denuncia «el despropósito» al que ha llegado PP ante la obligada trasposición de la directiva europea sobre presos

Mediavilla recuerda que Rajoy, en su día, «mintió a las víctimas asegurándoles que podía a legalmente practicar el derecho de venganza»

BILBAO, 12

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha denunciado este sábado «la crispación artificial» creada por el PP ante la obligada trasposición de la directiva europea sobre presos y ha acusado a los populares de llegar a «insensatez y despropósito continuado hasta el ridículo».

Tras recordar que la trasposición está pendiente desde el año 2008, ha censurado que el Gobierno de Rajoy cometiera la «irregularidad» de «excepcionar de su cumplimiento a los presos de ETA», y mintiera a las víctimas «asegurándoles que podía a legalmente practicar el derecho de venganza».

En un artículo de su blog, recogido por Europa Press, Mediavilla asegura que «hay días que son para borrar del calendario», y se muestra convencido de que, si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pudiera, «habría arrancado del almanaque el pasado martes», fecha en la que se conoció que una reforma legal, que iba a ser aprobada en el Senado, permitiría «acortar» las penas de prisión a presos de ETA con delitos de sangre.

Para el dirigente jeltzale, fue «un gol por toda la escuadra» que, supuestamente los populares habrían consentido «a ciegas», al aprobar el proyecto presentado en las Cortes Generales y que había pasado el filtro de la ponencia, comisión y pleno del Congreso y la comisión del Senado, con el apoyo unánime de todos los grupos, incluidos PP y Vox.

Tras preguntarse si podría ser una «jugarreta» en la que los populares inconscientemente habían caído, Koldo Mediavilla indica que, de ser así, «menuda panda de inútiles que representan a los de Génova en el Parlamento», porque supondría que no se lee la documentación de lo que va a aprobar.

Ante ello, recuerda que el PP acusó al «sanchismo, rendido a Bildu», de haberle engañado, de haber recurrido a una «artimaña» legal, una «treta política» y un «pacto encapuchado», que les había «confundido».

Para el miembro del EBB del PNV, el Partido Popular incurrió en «la insensatez y despropósito continuado hasta el ridículo», y manifiesta que, «entre tanto bochorno sin parangón», su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, «percutiendo mamarrachadas», aseguró que «Bildu tiene encañonado a Sánchez», y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que, trece años después de su desaparición, «ETA está más fuerte que nunca».

«EL CENIT DE LA HILARIDAD»

Mediavilla considera, sin embargo, que «el cenit de la hilaridad» se alcanzó en la sesión de control parlamentaria, cuando el PP había reclamado un debate sobre la situación migratoria «pero su negligente actuación parlamentaria obligó a Feijóo -a quien muchos interlocutores populares volvieron la vista exigiendo responsabilidades por el tropezón- a cambiar el guion, utilizando el comodín del terrorismo y de las víctimas, para desviar la atención del fiasco».

«Así, se cruzaron todas las líneas rojas del respeto democrático y de la prudencia, sacando a pasear por el escaparate a Txapote y otros indeseables que recobraron protagonismo como señuelo enmascarado de un PP fiel heredero de la escuela de Mayor Oreja», añade.

Al margen de «la crispación artificial» creada por los populares, el dirigente jeltzale resalta que la iniciativa legislativa aprobada en el Congreso y en la comisión del Senado, «era simplemente la obligada trasposición de una normativa europea que el Gobierno de Mariano Rajoy contravino, saltándose toda reglamentación comunitaria».

En este sentido, recuerda que todos los estados miembros de la UE «tienen la obligación de trasladar a su legislación interna aquellas decisiones que hubieren sido adoptadas por el Consejo Europeo», y subraya que la materia que ahora se trataba de trasponer databa ya de 2008.

No obstante, señala que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, en el año 2014 procedió a trasponer la normativa, «pero presionado por las asociaciones de víctimas del terrorismo y en vísperas de una campaña electoral, modificó su contenido gracias a su mayoría absoluta en el Senado, excepcionando de su cumplimiento a los presos de ETA».

LAS DENUNCIAS DEL PNV

Koldo Mediavilla remarca que, «ante tal irregularidad», la entonces europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao solicitó en varias ocasiones a la comisaria europea, Vera Jourova, información sobre el grado de cumplimiento del Ejecutivo español de la Decisión Marco 2008/909, y esta pidió explicaciones.

«Lo grave de aquella situación no fue que el Ejecutivo español no llegara a contestar la requisitoria. Peor fue la negativa del Tribunal Supremo español, que se negó a consultar con las instituciones europeas en cuestión prejudicial, el fundamento aprobado en Bruselas, incumpliendo un precepto legal sobre cuya interpretación era difícil dudar», asegura.

Ante ello, Mediavilla relata que Bilbao «no se amilanó y, tras dos años de denuncias de lo que, a todas luces, era una deslealtad con el compromiso comunitario, volvió a cuestionar a la Comisión Europea sobre la materia», y la respuesta de esta institución -la tercera en dos años- indicaba que se efectuaría «un análisis exhaustivo» de esta cuestión, y se advertía de «que si las normas estatales no se ajustan al derecho de la Unión», podrían «adoptar las medidas necesarias para corregir los problemas que se detecten incluidos los procedimientos de sanción».

La eurodiputada del PNV, ante la persistencia del Gobierno del PP, presentó una enmienda que posibilitó la aparición de este asunto en el informe anual sobre el estado de derecho de la Unión aprobado por el Parlamento europeo en 2016.

El texto -apoyado también por el PP europeo- decía que el Parlamento Europeo «expresa su preocupación por el hecho de que varios Estados miembros no hayan transpuesto correctamente las disposiciones de la Decisión Marco 2008/913/JAI, e insta a los Estados miembros a que lo hagan y a que la apliquen plenamente, al igual que la Directiva 2012/29/UE relativa a las víctimas de delitos; pide a la Comisión que supervise la trasposición de estos instrumentos y, en caso necesario, inicie procedimientos de infracción».

LA MENTIRA A LAS VÍCTIMAS

En definitiva, para Mediavilla, se trata de «una arbitrariedad más del PP que mintió a las víctimas asegurándoles que podía legalmente practicar este derecho de la venganza en vez de aplicar cabalmente las sentencias emitidas por la justicia».

«Llamativo es también en todo este proceso, que va desde 2008 hasta ahora fue -aunque algunos ahora manifiesten lo contrario-, la inacción de Bildu en este tema, pues ni sus representantes en las Cortes Generales ni su entonces eurodiputado movieron un dedo en aquellos momentos», apunta.

Según manifiesta el burukide, «el escándalo suscitado ahora estalla cuando la anomalía normativa trata de solucionarse, y lo hace justo la víspera de su aprobación, tras el respaldo unánime -consentido o ignorante- de todas las formaciones políticas en su tramitación y que se ha roto tras la falsa información de que una cuarentena de presos terrorista verán recortadas sus condenas por una transacción del Gobierno de Pedro Sánchez con la Bildu de Otegi».

A su juicio, se trata de un «curiosa tergiversación de los hechos» porque «no se anula cumplimiento de condena alguna». «Sí, hay días que mejor borrar del calendario; esos días en los que algunos, para esconder sus vergüenzas, parecen añorar tiempos pasados; tiempos desgraciados de víctimas y terrorismo. Basta ya», concluye.