Plus Ultra Líneas Aéreas ha asegurado que acreditará «debidamente» y en el plazo establecido por el juzgado la necesidad de recibir los 34 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, una financiación «imprescindible» para cumplir con su plan de viabilidad.

La compañía alega la necesidad de recibir esta financiación tras el «grave impacto» sufrido por la pandemia, así como para mantener los 354 puestos directos y más de 2.500 indirectos que genera en España.

Asimismo, resalta que estos datos ya fueron validados en el proceso de petición de financiación a la SEPI por tres informes independientes de una consultora, un banco de inversiones y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que apoyaron favorablemente la concesión de la financiación pública.

La compañía asegura que seguirá colaborando con la SEPI y con la Justicia y señala estar «tranquila y segura» del cumplimiento de los requisitos y obligaciones para obtener esta financiación.

La aerolínea también ha subrayado «la normalidad y estabilidad de sus operaciones», volando con regularidad semanalmente a Perú, Ecuador, Venezuela y China, entre otros destinos.

Este jueves, la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender la entrega de 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a proveedores.

Esto se produce después de que el pasado 14 de julio el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas pusiera en conocimiento del juzgado la intención de abonar el préstamo participativo de 34 millones de euros, que completaría la ayuda hasta los 53 millones –19 millones de euros fueron desembolsados a través de préstamo ordinario–, según han informado a Europa Press fuentes próximas a SEPI.

La juez, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, señala que «el desembolso de la cantidad de 34 millones de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento» judicial.

La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a «una entrega no justificada» supondría «un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior».

«La teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el fumus bonis iuris son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional», ha dicho.

El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid investiga el rescate por importe de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que Vox y PP, ambos personados en la causa, consideran irregular.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia comunicó el pago al juzgado por un «elemental principio de prudencia» ante la apertura de esta investigación judicial. No obstante, la aerolínea ya había trasladado al Fondo la necesidad de recibir esta ayuda para mantener la actividad.

Asimismo, por esta «cautela en el manejo de los recursos públicos» investigados, el Fondo solicitó un infrome a la Abogacía del estado que advirtió de que, de no producirse, se estaría violentando la obligación contractual contraída con la aerolínea.

No obstante, la Abogacía del Estado sugirió informar al juzgado antes de hacer el desembolso de la cantidad pendiente para dar plazo a que se adoptaran medidas restrictivas.

El Fondo, para actuar «con la máxima transparencia y colaborar con la Justicia», remitió también la juzgado un informe elaborado por el fondo para el Tribunal de Cuentas tras la denuncia de Ciudadanos sobre la ayuda pública temporal a Plus Ultra.

En ese informe se detalló el proceso que se siguió para contratar a los asesores legal y financiero y elegir la oferta económica más ventajosa entre firmas profesionales de primer nivel.

El informe apunta que de los 10.000 millones de euros con que está dotado el Fondo de Apoyo a la Solvencia, 5.400 millones está aún si solicitar y que parte de los 4.600 restantes han sido pedidos por seis compañías aéreas.

Además, también al juzgado un informe de la Intervención General del Estado que recoge que la concesión de la ayuda a Plus Ultra no ha supuesto perjuicio o menoscabo contable alguno.