Piñera promulga la Ley de Control de Armas en Chile tras más de diez años de tramitación
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha promulgado este jueves la Ley de Control de Armas, que regula de forma más estricta la posesión, tráfico y uso de armas de fuego, después de 14 años de tramitación en el Congreso.
«Esta ley va a permitir un control de las armas de fuego desde que ingresan o se producen en nuestro país hasta que se destruyen», ha remarcado Piñera, quien ha celebrado que esta normativa «va a permitir que las familias puedan vivir con mayor libertad y tranquilidad».
Asimismo, ha puesto en valor que ahora se le darán «más y mejores herramientas a la Fiscalía y a Carabineros» para que puedan «cumplir la misión de pelear contra el uso ilegal de armas de fuego», según recoge la cadena de televisión T13.
El texto dispone una serie de nuevas sanciones de carácter penal para aquellas personas que vendan municiones a personas no autorizadas para el uso de armas, así como a los que destruyan el sistema de trazabilidad y rastreamiento del armamento.
Así pues, aquellos que entreguen armas a menores de edad podrán ser condenados a penas de prisión de entre 541 días y cinco años. Por otro lado, una de las innovaciones es el registro de zonas habilitadas para el entrenamiento o práctica deportiva con armas.
Las personas jurídicas podrán contar con tan solo dos armas por cada miembro –con un máximo de 20 licencias–, mientras que a los coleccionistas de estos objetos se les permite disponer de hasta diez armas de colección, aptas para el disparo, y 50 en caso de que estén inutilizadas. Cazadores y deportistas podrán contar con hasta seis.
«Debemos seguir fortaleciendo la lucha contra estos flagelos (de la delincuencia)», ha señalado Piñera, haciendo así un llamamiento para fortalecer las fuerzas del orden y la seguridad pública en Chile, avanzando en la eficacia y coordinación de las instituciones competentes.
Ahondando en este discurso, ha instado al Congreso nacional a que avance para la aprobación de nuevas leyes contra el narcotráfico, el terrorismo, la protección de infraestructuras críticas, así como modernizar la institución de los Carabineros e impulsar un estatuto de protección de la Policía.
