Piden 430.000 euros a una empresa por no tributar la venta de un hotel en Suances
El administrador se encuentra en paradero desconocido y declarado en rebeldía y para el apoderado se piden dos años de prisión y 6.750 euros
La Fiscalía pide 430.000 euros de multa a una empresa acusada de un posible delito contra la hacienda pública, al eludir el pago de sus obligaciones tributarias tras la venta de un hotel en Suances, y cuyo administrador se encuentra en paradero desconocido y está declarado en rebeldía. Además, a la empresa y un apoderado -piden dos años para él- se les atribuye un posible delito de frustración de la ejecución.
Según el escrito de calificación del ministerio público, la empresa vendió un hotel a otra sociedad y no hizo frente al pago del correspondiente impuesto de sociedades por el incremento patrimonial que obtuvo.
Asimismo, eludió «de forma sistemática sus obligaciones tributarias», como las autodeclaraciones trimestrales del IVA o la declaración informativa de operaciones con terceros. Tampoco cumplía con las obligaciones mercantiles básicas de presentación de cuentas en el Registro Mercantil.
Por su parte, el administrador de la sociedad, que se encuentra en paradero desconocido por lo que no se puede dirigir contra él este procedimiento, «con la intención de provocar un vaciamiento patrimonial de la empresa», realizó una serie de reintegros y transferencias desde la cuenta de la mercantil a otras cuentas de su propiedad, «aprovechando la falta de controles, de ningún tipo, en material de prevención del fraude dentro de la estructura societaria de la empresa».
Mientras tanto, un apoderado de la empresa, que sí está acusado en este procedimiento, conocedor de la «precaria situación económica de la mercantil», hizo uso del poder otorgado años atrás para realizar cuatro transferencias desde la cuenta de la empresa a distintas personas y sociedades, algunas suyas.
Además, en la cuenta de la empresa se abonó un cheque bancario por un importe de 242.000 euros que, tras su ingreso, el acusado «con clara intención de evitar que hubiere saldo con el que hacer traba Hacienda de las sumas debidas», emitió un total de nueve transferencias, dejando el saldo en 3.000 euros.
La agencia tributaria había iniciado años atrás un procedimiento de comprobación inspectora y, tras numerosas investigaciones y actuaciones ejecutivas, logró cobrar por vía de apremio ejecutivo.
Según la Fiscalía, los hechos constituyen delitos contra la hacienda pública y de frustración de la ejecución, el cual atribuye tanto a la empresa hostelera como al apoderado.
Para la empresa, solicita una pena de casi 430.000 euros de multa, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de incentivos fiscales durante cuatro años.
Para el apoderado, la pena pedida por el ministerio público es de dos años de prisión y 6.750 euros de multa.
El juicio por procedimiento abreviado se celebrará este miércoles, 14 de enero, a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
