PGC.- Real defiende el «cambio de rumbo» logrado en sanidad mientras la oposición en bloque critica su gestión

Los grupos de la oposición alertan de la infradotación presupuestaria, mientras Real asegura que se ha diseñado el presupuesto «posible»

La titular de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), defiende que las cuentas de su área para 2019 permitirán seguir con los «importantes avances» y el «cambio de rumbo» logrado, a su juicio, en esta legislatura en relación con la del PP, mientras la oposición critica su «nefasta» gestión y la «infradotación» presupuestaria y le vuelve a reprochar las irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

La comparecencia de Real en la comisión de Economía, Hacienda y Empleo del Parlamento para presentar los presupuestos de la Consejería y del SCS para el año que viene, que suman 874,2 millones, ha sido, sobre todo, un balance de gestión de estos cuatro años, tanto por parte de la propia consejera como de los grupos de la oposición.

Así, mientras Real ha reivindicado la recuperación de la asistencia para todos los cántabros «sin exclusiones», las inversiones en dotaciones sanitarias o la reducción de las listas de espera, grupos de la oposición, como el PP o Podemos, han tildado de «nefasta» su gestión al frente de la sanidad cántabra.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE REAL

La formación morada ha reprochado a Real su «falta de liderazgo» en la gestión de la sanidad, mientras que el PP ha calificado de «palabrería» los avances citados por la consejera y le ha acusado de haber dejado «sin rumbo» a la sanidad.

La diputada del PP Isabel Urrutia ha acusado a Real de haber hecho «retroceder» la sanidad cántabra en calidad y también en el ranking nacional de gasto por habitante o en le peso dentro del global del presupuesto de la comunidad.

Urrutia ha opinado que las cuentas presentadas para 2019 «no son una buena noticia» para la sanidad cántabra, porque, según ha dicho, «consolida la deuda y la inacción» de esta legislatura y son «continuistas» y «decepcionantes» como, en su opinión, han sido todos los de esta legislatura.

LAS IRREGULARIDADES EN EL SCS

Al igual que los presupuestos, tampoco para la popular es una «buena noticia» que Real siga siendo consejera tras, según ha dicho, haber permitido «el saqueo» del SCS y haber «cubierto» la «denigración, el mangoneo y el asalto» dentro de este servicio.

De esta forma, la Urrutia ha aludido así a las irregularidades detectadas en algunos contratos del SCS, a las que han hecho referencia otros grupos de la oposición, de forma más o menos explícita.

Así, por ejemplo, el diputado del grupo mixto y portavoz parlamentario de Cs, Rubén Gómez, ha acusado a Real de haberles «tomado el pelo» en este asunto.

También el otro integrante del grupo mixto Juan Ramón Carrancio ha afeado a Real que, en lugar de fomentar una investigación para aclarar estas irregularidades en el SCS y «si se estaba delinquiendo», se «esforzara» por «justificar lo injustificable», motivo por el cual –ha dicho– la oposición piensa que no debería ser la titular de Sanidad y pidió su cese.

Aunque de una forma menos explícita, la portavoz parlamentaria de Podemos, Verónica Ordóñez, ha acusado a Real de una gestión «irresponsable» en lo relativo a la vigilancia y observancia de la gestión de los altos cargos que había nombrado.

Por su parte, Real ha reprochado a los grupos haber venido con el «discurso hecho» y continuar con su «mantra» de las irregularidades del SCS.

Ha recordado que ha comparecido cuatro veces en el Parlamento para dar explicaciones de este asunto y ha vuelto a insistir en que los informes de la Inspección Sanitaria y de la Intervención de la comunidad afirmaron que «la mayoría» de los contratos se ajustaban a la legalidad vigente.

INFRADOTACIÓN DEL PRESUPUESTO

Al margen de esta polémica, y en cuanto al presupuesto en sí, Real ha defendido el incremento progresivo de las cuentas en esta legislatura –crecen un 2,3% en 2019– y ha señalado que las diseñadas para el año que viene permitirán «reforzar» las políticas en marcha para asegurar una asistencia «universal», con «equidad» y de «calidad», y mejorar y ampliar las dotaciones.

Frente a la infradotación presupuestaria aludida por los grupos, y que según Podemos, es «crónica», Real ha reconocido que, «por supuesto», le hubiera «gustado» que el presupuesto fuera «mayor» pero ha asegurado que es el «posible».

Además, ha apuntado que si PP y Cs no se hubieran opuesto a la relajación del objetivo de déficit, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, la comunidad habría podido tener más recursos y dedicarlos, entre otras áreas, a sanidad.

El PP, por su parte, ha culpado a la consejera de haber creado un «agujero» presupuestario en sanidad, en capítulos como el de personal o el de gastos de farmacia, y le ha advertido que con el incremento de casi 20 millones respecto a 2018 no tiene «ni para empezar» a cubrirlo.

Podemos ha considerado una «buena noticia» el incremento presupuestario en sanidad pero ha opinado que, en lugar de crecer en 20 millones, tendría que hacerlo en 115 para poder cubrir la infradotación presupuestaria. Además, Ordóñez ha cuantificado en 95 millones el «desfase» con que concluirán las cuentas en 2018.

También Carrancio, que ha reconocido avances en esta legislatura en renovación tecnológica y ha valorado el «esfuerzo» inversor de la Consejería, ha aludido a los «problemas» que están dando para pagar los gastos de farmacia y ha señalado que «teme» que éstos continúen con la dotación prevista para 2019.

LAS DIMISIONES

Otro tema común en varias de las intervenciones de los grupos han sido las dimisiones que han tenido lugar el organigrama del SCS, sobre todo en Atención Primaria, las cuales han sido definidas como una «sangría» por parte del PP. «Hay más caras nuevas en esta consejería que políticas nuevas», ha ironizado Urrutia.

En la misma línea, Gómez ha señalado que, dada la «estadística» de dimisiones en Sanidad, le «sorprende» que haya acudido a la comparecencia «tan bien acompañada» de altos cargos a la misma.

EL CONTRATO DE VALDECILLA

Otro asunto que han salido a relucir durante la comisión, han sido el contrato público-privado de Valdecilla, el cual, según los grupos que sustentan al Gobierno, supone un «lastre» que durante 20 años tendrá «secuestrada» una parte del presupuesto del SCS (un 11,6% en 2019), mientras que para el PP da «estabilidad».

En este sentido, Urrutia ha opinado que no es este contrato el que «lastra» Valdecilla sino la gestión de la consejera y la «deuda» que ésta esta generando por sus insuficiencias presupuestarias, en capítulos como el de personal o el de farmacia.

Como respuesta, la consejera ha instado a la diputada popular a «no sacar pecho» de un contrato que, según ha dicho, «no se podría hacer» en la actualidad porque su tipología ha sido «excluida» de la Ley de Contratos del Sector Público.