Podemos admite que el decreto de la FEMP no tiene perspectivas de aprobarse y avisa que En Comú baraja votar en contra

Unidas Podemos ha reconocido que el decreto ley que recoge el acuerdo del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos «no tiene perspectivas claras» de ser convalidado este jueves en el Pleno del Congreso y ha reiterado que, si el Ministerio de Hacienda no se mueve, incluso En Comú Podem se plantea votar en contra.

Ese acuerdo para permitir el uso de los remanentes municipales frente a la pandemia del Covid19 se aprobó por la mínima en la FEMP, gracias al voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero, y tras ser transformado en decreto de ley ha concitado el rechazo de toda la oposición.

Una treintena de alcaldes de distintos partidos políticos, incluyendo destacadas capitales como Madrid, Zaragoza, Valencia o Barcelona, suscribieron un manifiesto pidiendo la retirada del decreto y la apuesta en marcha de un fondo de 5.000 millones a repartir entre los municipios según la población, con independencia de que tuvieran o no superávit.

AL BORDE DE LA DERROTA

El jueves será el momento de votar en el Pleno del Congreso si se convalida o se deroga ese decreto ley, y el ponente de En Comú, Gerardo Pisarello, ya ha avanzado en rueda de prensa que «está encallado de manera inexplicable, sin perspectivas claras de que se pueda aprobar.

En Comú considera «injusto e inaceptable» el, mecanismo ideado por Hacienda para facilitar a los ayuntamientos el uso de sus remanentes y ha reiterado su apoyo a la propuesta de los alcaldes rebeldes de crear un fondo «incondicionado» como el que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas.

«Si el Ministerio no se mueve, En Comú votará en contra –ha adelantado-. Vamos a negociar hasta el último momento, pero si nos obligan a elegir, no dudaremos en ponernos al lado de los ciudadanos».

También el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha avanzado su pronóstico de que el decreto ley «no va a salir si no hay una voluntad de negociación» por pate del Gobierno.

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