Perú dice que el informe de la CIDH sobre la investigación a la Junta de Justicia contiene «imprecisiones»

El representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, ha alertado de que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la investigación contra la Junta Nacional de Justicia peruana (JNJ) reviste «imprecisiones».

El diplomático, que ha criticado que el organismo internacional solo diera tres horas al Gobierno peruano para responder a sus observaciones, ha sugerido además que la CIDH «solo recogió un par de ideas» de entre los comentarios realizados por las autoridades peruanas.

«No dejamos de sorprendernos cuando de la noche a la mañana nos envían un proyecto de comunicado y nos dan solamente tres horas; y de ellas dos, para decir lo que tengamos que decir», ha declarado antes de aclarar que se solicitaron tres días para enviar las respuestas.

Sin embargo, la CIDH le dio al Gobierno un plazo de 24 horas, por lo que Adrianzén ha calificado esta postura de «inverosímil». «Es inverosímil que a un Estado le den tres horas para que responda a un comunicado que, prácticamente, a uno le sorprende. Hay varios sectores e instituciones concernidas en esta respuesta. Pudimos dar una primera respuesta preliminar en la que pedimos ampliar el plazo para dar una respuesta detallada», ha aseverado.

En ese sentido, el también exministro de Justicia ha pedido que se respete el «debido proceso» para que los integrantes te la JNJ puedan ejercer el derecho a su legítima defensa.

Asimismo, ha defendido que la respuesta dada es «bastante detallada» y que debería ser «suficiente para que la CIDH zanje el tema». «No es necesario ningún documento adicional salvo que así se requiera», ha sostenido.

El Estado peruano ha indicado que la apertura de una investigación contra la JNJ se fundamenta en el pronunciamiento de la misma sobre el proceso judicial contra la exfiscal general Zoraiza Avalos Rivera, la denuncia presentada contra magistrados del Supremo para pronunciarse a favor de la exfiscal y el supuesto incumplimiento del deber constitucional por parte de sus miembros.

Las autoridades consideran que corresponde al Congreso investigar y retirar a los integrantes de la JNJ en caso de que se hayan registrado irregularidades y ha afirmado que esta «facultad de control político» deriva de la propia Constitución.

Sin embargo, la OEA ha expresado su preocupación por la situación actual de la investigación contra la JNJ, a la que ha descrito como un «organismo autónomo clave para garantizar la independencia e idoneidad de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales» y ha pedido que se respete el «debido proceso».

El pasado 21 de septiembre, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el informe preliminar de la pesquisa abierta contra siete miembros de la JNJ por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.