Parlamento catalán pide suprimir los delitos de injurias a la Corona del Código Penal y libertad para Hasél

ERC, Junts, CUP y CatECP votan a favor de la propuesta de resolución y PSC, Cs, PP y Vox en contra

BARCELONA, 21

El Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles la propuesta de resolución presentada conjuntamente por ERC, Junts, la CUP y CatEPC que pide la supresión de los delitos del Código Penal de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la Corona y a las instituciones del Estado, y exige la libertad inmediata del rapero Pablo Hasél.

La iniciativa, que se ha aprobado con los votos de los grupos impulsores y el rechazo de PSC, Cs, PP y Vox, también condena la «persecución penal de expresiones políticas, intelectuales o artísticas» críticas con la Monarquía y pide el archivo de todas las causas y la amnistía de las personas condenadas por esas razones.

Además, pide modificar el delito de odio del Código Penal para que «no pueda ser de aplicación extensiva a colectivos que no corresponden explícitamente a los grupos definidos en el mismo artículo, como serían las fuerzas y cuerpos de seguridad».

El diputado de la CUP Pau Juvillà ha equiparado a España con países como Turquía y Marruecos porque «tiene artistas encarcelados por denunciar los abusos que se cometen desde el Estado», y ha defendido que los estados democráticos deben tolerar la crítica aunque se pueda considerar provocativa, y por ello ha reclamado que Hasél no siga ni un día más en prisión.

Desde CatECP, el diputado Marc Parés ha argumentado que su grupo vota a favor de la iniciativa porque están por la defensa de derechos fundamentales como la libertad de expresión, pese a haber sido diana de críticas por parte de Hasel, y ha advertido de que les cuesta entender la posición del PSC: «No es suficiente aprobar una Ley de Memoria Histórica. Si en este país se sigue encerrando a alguien por un tuit o por cualquier forma política de protesta no tendremos una plena democracia».

El diputado de Junts Francesc de Dalmases ha vaticinado que el Estado no reformará ni suprimirá artículo alguno y que el Gobierno no hablará ni negociará sobre la amnistía y la autodeterminación, y ha reprochado que socialistas y Podemos tampoco hayan movido «ni un dedo para que un cantante salga de prisión y otro deje el exilio, y para evitar que el Borbón deje de vivir a cuerpo de rey garantizándole una protección pública y una vida de lujo».

Por parte de ERC, el diputado Pau Morales ha asegurado que las calles, las redes y los medios acusan a la monarquía de ser «corrupta por naturaleza», y que es algo que dijo el Parlament y que empieza a decir también la justicia suiza, y cree que se hacen malabarismos para justificar que, en pleno siglo XXI, la única condición que te permite ser jefe de Estado de un país es ser de una familia concreta.

VIÑUALES (PSC): LOS COMUNS SON «PAGAFANTAS»

El diputado del PSC Rubén Viñuales ha reprochado a los independentistas hablar del caso Hasél con poco rigor jurídico, ha acusado a los comuns de ser unos «pagafantas» por votar a favor de esta propuesta, y ha apuntado que el poder legislativo no puede decir al poder judicial qué debe hacer.

Desde Vox, el diputado Alberto Tarradas ha defendido que la libertad existe dentro de un orden que la proteja, y ha acusado a los independentistas de querer modificar o suprimir artículos del Código Penal que no les gustan así como de pedir la excarcelación «de unos delincuentes multireincidentes», además de advertir de que el Parlament no tiene competencia en estas materias.

Para la diputada de Cs Anna Grau, es triste que el independentismo sitúe a Hasel como su «general Moragas, porque es tener ganas de hacer el ridículo intentar convertir en héroe a alguien que hace una música horrorosa y con unas letras que dan pena», y ha añadido que no ha entrado en prisión por las letras de sus canciones y sí por ser una persona violenta, en sus palabras.

La diputada Lorena Roldán ha acusado a los independentistas de intentar disfrazar la libertad de expresión con delitos de enaltecimiento del terrorismo y amenazas, tras indicar que ningún acto de violencia está justificado, y ha negado que España sea un Estado «represor».