Parlamento Canarias, con el rechazo de PSOE y NC-BC, convalida la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones
Franquis no entiende las «prisas» del Gobierno y censura que solo vaya a beneficiar a unas 6.700 personas, el 0,3% de la población
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26
El Pleno del Parlamento de Canarias, con los votos en contra de PSOE y NC-BC, ha convalidado este martes el decreto-ley de bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones y al mismo tiempo, descartó su tramitación como proyecto de ley.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha defendido la «extraordinaria y urgente» necesidad de convalidar el decreto debido al «proceso inflacionario» que vive España –«es notorio»– y así mejorar la presión fiscal que recae sobre las familias.
En esa línea, ha dicho que es un «sistema justo y progresivo» para que todas las personas contribuyan de acuerdo a su capacidad económica.
En virtud a este decreto-ley, Canarias bonifica el 99,9% del impuesto y lo devuelve a la situación tributaria que había en 2019.
Raúl Acosta, del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que el decreto-ley va en la línea del Gobierno de «aliviar» a la presión fiscal de familias y autónomos y en Canarias hay muchos problemas para afrontar la carga de las herencias, especialmente de los inmuebles, que además han tributado ya previamente de distintas formas.
Melodie Mendoza (ASG) ha señalado que esta medida ya estuvo vigente y «refuerza los derechos de todos los canarios» y ayuda a las familias en un momento de fuerte inflación, subrayando que es «injusto» que se tenga que pedir un crédito para poder disfrutar del patrimonio familiar.
Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha comentado que este impuesto es «injusto y confiscatorio» porque «castiga» el esfuerzo que una persona deja a su familia y supone «el más claro ejemplo de la voracidad confiscatoria» de la administración.
VOX: UN IMPUESTO «DISCRIMINATORIO»
Ha dicho que el impuesto es «discriminatorio» y está en contra de la prioridad privada y el progreso, y no entiende que haya que «castigar» a una persona que ha trabajado toda su vida para legar un patrimonio. «Hay que dejar de meter las manos en los bolsillos de las familias», ha indicado.
No obstante, ha criticado que se apruebe la bonificación a través de los decretos leyes y ha pedido su tramitación como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan participar en la elaboración.
Esther González (NC-BC) ha indicado que la bonificación solo beneficia al 0,3% de la población –reciben herencias por más de 1,2 millones– dado que el impuesto ya estaba bonificado en la anterior legislatura con herencias de hasta 340.000 euros.
Por ello ha indicado que el decreto-ley atiende al «interés particular de algunos privilegiados» y «vulnera» el principio de progresividad fiscal, y costará a los canarios unos 80 millones de euros anuales.
Ha cuestionado «las prisas» del Gobierno por bonificar el impuesto cuando no va a bajar la inflación ni mejorar la economía y lo ha vinculado a «desviar la atención» sobre el incumplimiento del pacto de Gobierno de no bajar el IGIC.
Fernando Enseñat (PP) ha apuntado que el Gobierno «cumple la palabra dada» al eliminar en la práctica «un impuesto injusto» que ha obligado a muchas familias a renunciar a las herencias, unas 2.000 en 2022, «y no solo por las deudas».
Ha criticado el «afán recaudatorio» del anterior Ejecutivo y en medio de la crisis económica asociada a la pandemia y ha negado que este impuesto «solo lo paguen los ricos» pues tras la recuperación del impuesto se disparó la recaudación, con un 131% más en 2022.
BARRAGÁN: «LA COMUNIDAD NO SE HA VENIDO ABAJO»
El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha indicado que en 2022, los beneficios fiscales del Gobierno eran de 1.984 millones y la comunidad «no se ha venido abajo» ni se han cerrado los servicios públicos.
Para 2023, incluso, son más de 2.300 millones y el impuesto de sucesiones y donaciones supone algo más de 280 millones, por lo que ha tildado de «falso» que estén en juego los servicios básicos. «Las políticas esenciales se van a seguir haciendo», ha destacado.
Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, no entiende la «urgencia» del decreto-ley porque afecta al 0,3% de la población, unas 6.700 personas, y se pregunta si esas familias «no llegan a final de mes». «No sé cuáles son las prisas, debe ser un compromiso electoral», ha agregado.
Ha reprochado a Asián que no de datos económicos que justifiquen la bonificación, poniendo sobre la mesa que esta medida no ayuda a bajar la inflación, como no ha ocurrido ni en Andalucía ni en Madrid, por ejemplo.
Franquis ha garantizado que la merma de recaudación va a afectar a los servicios públicos, ha señalado que las renuncias a herencias han subido por aumento de la mortalidad derivada de la covid-19 y ha cuestionado al Gobierno que anteponga la bonificación a la aprobación de las directrices del presupuesto del próximo año.
